El próximo domingo 24 de noviembre O’Higgins decidirá entre Pablo Silva Amaya y Fernando Ugarte Tejeda quienes no sólo tendrán que ocupar (o no) el cargo de gobernador regional, sino que, de resultar electo, uno de los dos deberá asumir una pesada mochila de problemas y áreas deficitarias en una región que parece haberse estancado, pese a tener un enorme potencial en distintos ámbitos.
Diversos factores económicos, políticos y sociales, medibles y contrastables arrojan números poco alentadores acerca del futuro de la Región, números que podrían reflejar un estancamiento en su desarrollo, además, la región enfrenta problemas ambientales que amenazan su desarrollo sustentable, como el tratamiento de la basura. ¿Cómo se navega por aguas tan turbulentas? Es la pregunta que muchos ciudadanos se hacen de cara a la segunda vuelta electoral del próximo domingo, junto con ¿Cuál de los candidatos tiene las herramientas para sortear con éxito los desafíos que supone desempeñar el cargo en este contexto?
En lo económico
En 11 de las 16 regiones de Chile el Producto Interno Bruto (PIB) creció durante 2023. Sin embargo, la Región de O’Higgins no se encuentra en este grupo, ya que registró una caída de un 2,0%. A esto se suma que el consumo de los hogares mostró un descenso de un 6,3%, lo que se explica por el consumo en bienes no-durables y durables.
La caída en la producción de la división El Teniente es importante en el cálculo, sin embargo, también se registraron caídas en sectores silvoagopecuarios y el comercio, por lo que urge desarrollar una estrategia de reactivación transcendental.
En el caso de la caída del consumo, daría cuenta que las caídas en la producción han tenido un efecto negativo en los ingresos y -por tanto- en el consumo de las familias de la región, además de posibles restricciones que éstas puedan enfrentar en el sistema financiero para hacer frente a estos shocks negativos de ingresos.
Empleo e informalidad
La tasa de desocupación en el trimestre julio – septiembre 2024, alcanzó un nivel de 9,2%, la tercera peor a nivel nacional, evidenciando que 45.696 personas están sin trabajo. En cuanto a la informalidad, la región registró una tasa de 29,9%, y con una brecha entre hombres y mujeres que alcanza 1,5 pp., siendo mayor en las mujeres.
Conectividad y déficit habitacional
No es un misterio que la meta del gobierno está lejos de la realidad habitacional del país y la región. El déficit habitacional en la Región de O’Higgins según los propios datos del Minvu, es de 25.938 viviendas (a nivel nacional es de 650.000). Restando la meta regional, aún faltarían unas 11.000 viviendas, sin considerar el crecimiento de la demanda natural año a año.
Sin embargo, hay cifras incluso más preocupantes, según un estudio de la Universidad de Talca, con los datos de 2023 O’Higgins presentaba un déficit del 91,63% en la construcción de viviendas sociales.
Según expertos la capacidad de construir viviendas en la región es inexplicablemente menor a la de otras regiones de características similares como Maule, por lo que el desafío de quien resulte electo es mayúsculo.
Crisis de seguridad ciudadana
Las cifras en la materia son preocupantes, según las estadísticas de Carabineros entregadas a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados en su sesión especial en Rancagua, los homicidios, a septiembre de 2024, acumulaban un aumento del 40%, mientras que las violaciones aumentaban en casi un 18%, mientras los robos se mantenían casi sin variación, aunque estos guarismos no dan cuenta de la cifra negra de delitos que no se denuncian ni se investigan, lo que, por ejemplo, en el mundo del comercio podría ser un porcentaje importante.
A estos números se debe agregar la precaria situación en la que se encuentra el Ministerio Público en la región, con una relación de fiscales respecto a la cantidad de casos paupérrima, la segunda peor del país, lo que, inevitablemente redunda en una sensación generalizada de impunidad.
Finalmente, en la misma materia, los casos de alta connotación pública que han remecido a la región a la región, como el secuestro de un empresario en Rancagua, el asesinato de dos agricultores en Malloa o el cinematográfico asalto a la bodega de una empresa de valores en la capital regional, por nombrar algunos, contribuyen a generar una percepción de inseguridad en la comunidad.
Ejecución presupuestaria
En este ítem, el porcentaje de ejecución presupuestaria a septiembre del presente año llega a 43,1%, ligeramente por debajo del promedio nacional que se encuentra en torno al 46,7%, sin embargo, regiones como Maule con un 58,7%, de similares características o la Región Metropolitana con un 72,6%, con más comunas y muchas complejidades, tienen mejores resultados enfrentando las mismas trabas administrativas.
Medio ambiente
El vertedero La Yesca sigue funcionando, pese a existir denuncias acerca de la ilegalidad de la extensión de su vida útil, lo que podría desencadenar una crisis sanitaria de proporciones en la región y no parece haber demasiada preocupación en las autoridades, probablemente porque se asume que se deberá resolver de algún modo para evitar la crisis, sin embargo, la situación representa un desafío inabordado hasta ahora con potencial de transformarse en un verdadero dolor de cabeza.
El cambio climático es una realidad ineludible y un desafío a enfrentar comop región en la próxima administración.
Probidad
Si bien es cierto el gobierno regional de O’Higgins no ha sido directamente salpicado por el denominado “caso fundaciones”, no es menos cierto que la Contraloría General de la República tuvo que paralizar el traspaso de recursos ($400 millones) a una fundación con domicilio en Santiago que se supone entregaría ayudas técnicas para personas con discapacidad de la región, pero cuyo proyecto no cumplía los más mínimos estándares, sin que, hasta la fecha se explique cómo pasó los controles internos ni quienes realizarían esa labor crítica y con qué especificaciones. Así como también cabe recordad los cuestionamientos al financiamiento de la operación regular de la corporación “O’Higgins Crea”, primitivamente por dos años ($1.500 millones) y lego por “sólo” $700 millones para dos años de funcionamiento, que finalmente no fueron ejecutados luego de que el gobierno regional defendiera la idoneidad de quienes trabajan allí y la trascendencia de que la corporación continuara desarrollando su labor.
Sin embargo, el principal problema de probidad de la región es sin duda el que afecta a municipios como Rancagua, el arrastre de la situación de San Fernando, así como numerosas denuncias conocidas en el periodo de campaña recién pasado y que podrían configurar un grave problema para el desarrollo de proyectos en ese nivel y su correspondiente rendición.
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