Un programa que lleva 34 años llegando a los sectores más alejados del campo chileno podría cerrar sus puertas a nuevas participantes. INDAP suspendió el ingreso de mujeres al Programa Mujeres Rurales durante 2026 y lo someterá a una revisión presupuestaria que determinará si continúa en 2027, en lo que el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de PRODEMU calificó como el primer escenario de incertidumbre en la historia de la iniciativa.
La señal de alarma no es menor. Según información proporcionada por PRODEMU O’Higgins, cerca de 2.400 mujeres de la región han sido beneficiadas por el Programa Mujeres Rurales desde su implementación. La iniciativa, desarrollada conjuntamente con INDAP desde comienzos de la década de 1990, ha combinado capacitación, acompañamiento técnico e inversión productiva para fortalecer emprendimientos rurales.
«Fue una noticia que nadie se esperaba en PRODEMU. Ha sido una política pública que ha apuntado al desarrollo de las mujeres rurales, es única en el país y en Latinoamérica, por lo que tiene un valor súper importante«, señaló Fabiola Cayla, presidenta nacional del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de PRODEMU.
Que hoy se haya suspendido el ingreso de nuevas beneficiarias mientras se define su continuidad para 2027 instala, por primera vez, una interrogante sobre el futuro de una política pública considerada entre las más antiguas del país en materia de autonomía económica femenina.
Lo que está en juego no es solo una cifra. Cada mujer que ingresa al programa accede durante tres años a herramientas concretas: financiamiento que puede superar el $1,5 millón por ciclo, asistencia técnica para emprendimientos agrícolas, agroalimentarios, artesanales y de servicios, además de ferias de comercialización, giras técnicas y redes de apoyo entre pares. Entre los componentes del modelo se encuentran también el desarrollo organizacional y el empoderamiento personal, dos ejes que apuntan no solo al negocio, sino a la mujer detrás de él. Para comunidades rurales donde las oportunidades de desarrollo productivo suelen ser escasas, ese acompañamiento integral marca la diferencia.
El sindicato advirtió que una eventual discontinuidad de la iniciativa dejaría a nuevas usuarias sin acceso a esas herramientas y debilitaría una política especializada que ha llegado durante décadas a territorios que pocas veces aparecen en las prioridades del debate público. La preocupación apunta, en particular, a los lugares más alejados de los centros urbanos, donde el programa ha operado como un puente entre las mujeres campesinas y recursos que de otro modo habrían sido inaccesibles.
Respecto de las medidas que impulsan para revertir la situación, Cayla afirmó que «lo que pedimos es que se reconsidere la medida, que se puedan evaluar nuevas formas de continuidad del programa. En el fondo, lo que pedimos es que no se cierre el programa«.
La dirigenta agregó que actualmente el principal esfuerzo de la organización está puesto en gestiones ante el Poder Legislativo. «Las acciones parlamentarias son nuestro principal foco ahora para lograr que INDAP pueda revertir esta medida«, indicó.
A través de estas acciones, el sindicato busca instalar el debate sobre el futuro del programa y evitar que una eventual revisión presupuestaria termine afectando la incorporación de nuevas beneficiarias en los próximos años.
Hasta el cierre de esta edición, ni PRODEMU como institución ni INDAP habían emitido un pronunciamiento público respecto de la continuidad del programa.
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