La historia comienza en mayo del año 2024, cuando se le notifica al fiscal Antidrogas de Rancagua, Jorge Mena, que era suspendido de sus funciones. Hasta ese momento y con 22 de años en la Fiscalía, era una situación que no había vivido con antelación, ni que podría haberse previsto con el antecedente de que hace solo semanas había recibido un reconocimiento, precisamente, por sus labores en el Ministerio Público.
El sumario administrativo solicitado y que generó la suspensión, es por supuestos vínculos con abogados defensores de imputados por narcotráfico. Se difundió en ese momento que la Fiscalía Nacional, había recibido denuncias de que el fiscal Mena gestionaba “negociaciones” y “acuerdos” con estos abogados, lo que habría producido que en determinados casos terminaran en “salidas abreviadas” convenientes para los imputados.
Por lo que, en diversas oportunidades los acusados por infracción a la Ley 20.000 no llegaran a los respectivos juicios que debían llevarse a cabo en los tribunales rancagüinos.
Por todo esto, recabando los antecedentes, el Ministerio Público decide suspender de sus funciones al fiscal Jorge Mena, ya que los hechos, “podrían constituir delitos de carácter penal”.
Un año y dos meses ha pasado desde que fue instruido el sumario administrativo, sin un fallo que determine si las denuncias fueron comprobadas y Mena removido o si por el contrario, es absuelto de los cargo y puede volver a sus labores.
El Tipógrafo, se contacto con una fuente del circulo cercano del fiscal Mena, quien señaló que estaba “devastado” cuando fue informado del sumario. “Lo tomó absolutamente por sorpresa. Entiendo que el fiscal se puso a disposición incluso del mismo sumariante”, agrega.
Enfatiza que, le fue notificada la suspensión al fiscal “sin previo aviso”.
En cuanto todo el proceso que ha significado el extenso sumario, comenta que el fiscal ha mantenido una defensa “activa” para “desvirtuar los cargos o imputaciones”.
De hecho, dentro de toda la información que apareció al momento en que fue suspendido, una de ellas fue que desde OS-7 de Carabineros (institución con la que trabajaba), se había generado una denuncia en su contra, y que la Corte de Apelaciones había levantado una alerta por el tema de los juicios abreviados, sin embargo, en el sumario, “no existen”.
“Incluso existirían documentos que dan cuenta de que OS7 niega haber realizado algún tipo de denuncia”, señala.
De acuerdo a la legislación actual, el fiscal suspendido, mientras no exista una determinación, sigue percibiendo su sueldo, el que corresponde a un grado 5 en la escala de Fiscalía, lo que según señala el documento de remuneraciones de Fiscalía en transparencia parte en un $1.800.000 (sueldo más asignacion profesional), y que con diversas asignaciones puede llegar incluso a los $7.800.000.
La fuente confirma que se ha mantenido el pago y dice que ‘no compensa’ por todo lo que ha tenido que pasar él y su familia con la “exposición” de una situación “incómoda e injusta”.
Desde la Fiscalía Nacional, que es el ente que debe pronunciarse en este caso, no existe una fecha para una decisión. Al ser consultada por El Tipógrafo señalaron que, “la investigación administrativa está siendo revisada en la Fiscalía Nacional porque el fiscal Mena apeló. La suspensión de funciones que tiene decretada es materia de la fiscalía regional que la impuso, esto es, la de O’Higgins”.
En tanto, al ser consultada la Fiscalía O’Higgins, declinaron referirse al caso.
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