Una iniciativa, impulsada por los parlamentarios Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti, pretende sancionar con cárcel las filtraciones de información en causas reservadas y que son publicadas por medios de comunicación. Muchos han calificado esta iniciativa como una “Ley Mordaza 2.0″, debido a que precisamente el país ha podido enterarse de los grandes delitos que se han realizado al más alto nivel.
El senador PPD, Pedro Araya, indicó que lo que se busca “es regular la adecuada investigación penal, resguardando información que es secreta, y establecer el límite de la vida privada”.
Federación de Medios rechaza el proyecto
Sobre este proyecto denominado ya “Ley Mordaza 2,desde la Federación de Medios de Comunicación Social se emitió una declaración que muestra “nuestra profunda preocupación por el grave precedente que esta iniciativa podría sentar para el ejercicio libre del periodismo en Chile. Creemos que este proyecto pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado, pilares fundamentales de una democracia sana y transparente. La historia reciente de nuestro país ha demostrado que muchos de los casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han destapado gracias a investigaciones periodísticas. Criminalizar el trabajo de periodistas que cumplen con su deber de informar no solo representa un retroceso democrático, sino que instala un mensaje de amedrentamiento que atenta contra el rol fiscalizador de los medios y la labor informativa que se ejerce”.
La declaración -que suscriben la ANP, ANATEL y ARCHI-, enfatiza que “en una democracia sólida, el periodismo no debe ser perseguido ni limitado por medidas legales que puedan abrir espacio a la censura o al autocontrol forzado. Más aún cuando las instituciones deben ser las responsables de contar herramientas para sancionar filtraciones indebidas dentro del aparato estatal, sin necesidad de trasladar esa responsabilidad al ámbito periodístico. Como Federación, rechazamos cualquier intento por restringir el derecho a informar y a ser informado. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades a proteger y fomentar un ecosistema informativo libre, diverso y sin presiones indebidas”.
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