La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la resolución que mantiene en prisión preventiva a R.M.P. y C.G.F., imputados por el Ministerio Público como autores de cohecho agravado, falsificación de instrumento público y lavado de activos, delitos cometidos entre 2020 y 2022 mientras se desempeñaban en la Subsecretaría de Educación. Según la investigación, emitieron 5.581 certificados falsos para la obtención fraudulenta de licencias de conducir.
En el mismo fallo unánime, el tribunal también confirmó la medida contra L.G.V. y M.G., imputados por soborno reiterado y, en el caso de M.G., lavado de activos, ilícitos perpetrados entre 2019 y 2022 como parte de la red que captaba personas dispuestas a pagar por licencias fraudulentas. M.G., además, habría adquirido bienes, incluidos vehículos y propiedades, para ocultar el origen ilícito de los fondos.
El tribunal destacó que la gravedad, reiteración y naturaleza de los delitos justifican la medida cautelar de prisión preventiva, siendo esta la única que asegura la vinculación de los imputados al proceso, según señala el fallo.
El Ministerio Público indicó que la investigación revela la existencia de una organización criminal en el Departamento de Tránsito de Requínoa, destinada a facilitar la obtención ilegal de licencias mediante certificados falsos y pagos ilegítimos a funcionarios.
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