La histórica Avenida Manso de Velasco se ha transformado en el epicentro de una disputa judicial que mantiene en vilo a cientos de feriantes y a la administración de San Fernando. Lo que comenzó como un rumor de pasillo sobre un traslado masivo al sector de «El Trapiche», ha escalado hasta la Ilustre Corte de Apelaciones de Rancagua, revelando una trama de contradicciones entre el discurso jurídico y la planificación administrativa.
La defensa del «acto inexistente»
Ante el recurso de protección interpuesto por los comerciantes —quienes acusan una decisión arbitraria que vulnera su derecho de propiedad y libertad de trabajo— la respuesta del municipio, representada por el abogado Joseph Palomino Castro, ha sido tajante: el traslado definitivo no existe.
La defensa sostiene que los recurrentes impugnan un «acto inexistente», argumentando que, a la fecha, no se ha dictado ningún decreto alcaldicio ni modificación de ordenanza que ordene el desplazamiento final de los puestos. Bajo esta lógica, el municipio intenta declarar inadmisible el recurso, calificándolo de fundado en meras suposiciones.
Un hito crítico ocurrió el pasado 15 de abril, cuando la feria fue desplazada excepcionalmente al sector de La Palma. Mientras los feriantes lo leyeron como un «ensayo general» para el desalojo, el municipio aclaró que fue una medida de fuerza mayor debido a amenazas de tiroteos en los liceos Comercial e Industrial.
«La vida y la salud tienen un valor superior al ejercicio de la actividad económica», enfatizó la defensa, utilizando la seguridad pública como el argumento principal para justificar cualquier movimiento reciente.
El contrato omitido
Sin embargo, existe un eslabón perdido que la defensa municipal no informó a los ministros de la Corte. Según el Decreto Alcaldicio N° 2303, existe un contrato de arrendamiento vigente entre la Municipalidad de San Fernando y la Sociedad de Inversiones La Araucaria SPA (representada por la familia Cumsille).
El documento es explícito: el inmueble, ubicado en el acceso norte y denominado Reserva Cora N° 2 (Casas Patronales de El Trapiche), fue arrendado con un fin específico: “para ser destinado al funcionamiento de la feria libre de San Fernando”.
Los montos de este compromiso financiero no son menores: Septiembre a diciembre 2025: $5.000.000 mensuales, en tanto, a contar de enero de 2026 son $6.000.000 mensuales.
A esto se suma un dato que debilita el argumento de la «inexistencia» del plan: el municipio ya realizó una modificación presupuestaria superior a los 100 millones de pesos para acondicionar dicho terreno. Es decir, mientras el municipio asegura a la justicia que no hay nada decidido, las arcas municipales ya están financiando la infraestructura del nuevo recinto.
El futuro en manos de la Corte y el Concejo
A pesar de la evidencia contractual, el futuro del comercio más tradicional de la ciudad pende de un hilo técnico. El abogado de los feriantes, Julio Peralta, aguarda la fecha de alegatos, mientras expertos sugieren que el litigio será determinante.
No obstante, la última palabra la tendrá el Concejo Municipal. Sin la aprobación de una nueva ordenanza, el traslado carece de piso legal, permitiendo que los feriantes resistan en su emplazamiento histórico. Por ahora, entre los puestos de Manso de Velasco la desconfianza impera: para los trabajadores, el contrato de arriendo es la prueba de que el desalojo no es un rumor, sino un proyecto que el municipio prefiere mantener en las sombras del tribunal.
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