Lejos de apagarse con el tiempo, la polémica por la compra de un helicóptero con fondos regionales en O’Higgins para carabineros, que implicaría una inversión de $12.500 millones, se ha avivado con la revelación de lo que ha ocurrido en otros procesos similares en las demás regiones del país, donde una empresa ha ganado las licitaciones casi sin competencia alguna.

La primera en ser adjudicada corresponde a la licitación de la región Metropolitana. Su adjudicación está fechada el 10 de agosto de 2023, US$4,3 millones de dólares (4.346 millones de pesos a precio de hoy). Menos de un mes después, fue el turno de Maule, por US$8,2 millones ($8.178 millones). Lo propio ocurrió en noviembre con Arica, por US$11,5 millones (11.470 millones). Al año siguiente les correspondió Coquimbo y Tarapacá, con US$9,3 millones ($9.303 millones) y US$11,4 millones ($11.480 millones), respectivamente.

De ellas, sólo en Coquimbo tuvo competencia. Synerjet intentó competir con una oferta 400 millones de pesos más barata y con un plazo menor de entrega, pero fue “descalificada técnicamente”.

A esto se suman los recursos ya comprometidos para este mismo ítem en los gobiernos regionales de Bío Bío ($11 mil millones), el de Atacama ($11 mil millones) y el de La Araucanía ($15 mil millones). Magallanes también aprobó en septiembre de 2024 una aeronave de estas mismas características, pero sin informar cuánto dinero desembolsará.

¿Qué pasa en O’Higgins?

“No es solamente la compra de un helicóptero, es la formación de una sección aeropolicial y la adquisición de una aeronave policial tipo helicóptero que va a ser de mucho beneficio para la prevención de delitos”. Era la justificación del general de zona, Max Jiménez, al ser consultado por la pertinencia de la compra de este elemento para la institución en O’Higgins y eran los mismos argumentos entregados, de hecho, por el gobernador regional (antes de dejar su cargo para iniciar su campaña de reelección) Pablo Silva Amaya.

Sin embargo, el proyecto quedó guardado en un cajón a la espera de un mejor momento, pues como advirtiera la administradora regional Natalia Sánchez subrogando al gobernador “vamos a realizar la comisión de seguridad pública, a la que van a venir los expertos a explicar cuáles son los atributos de esta iniciativa que nosotros creemos que es importante para la región” anticipando que se insistiría en el proyecto, aunque sigue sin explicación política, porque un gasto de tal envergadura y a nivel nacional debe ser asumido por los ya golpeados presupuestos regionales.

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