La reciente reevaluación que sectores del oficialismo han hecho de la figura de Sebastián Piñera resulta reveladora. No está del todo claro si responde a la experiencia de gobernar, esa sensación de que, en política, otra cosa es con guitarra, o un gesto de respeto tras su muerte. Probablemente haya algo de ambos. Lo cierto es que el poder obliga a mirar la política desde un lugar distinto, menos idealizado y más condicionado por la responsabilidad.
Gobernar implica administrar tensiones, asumir costos y, muchas veces, defender decisiones que antes se criticaban con fuerza. Este gobierno ha debido transitar por escenarios que en su pasado de movilización social difícilmente imaginó: impulsar agendas de seguridad más duras, ordenar coaliciones diversas y enfrentar crisis internas que tensionaron su propio relato político.
Desde 2010 hasta 2021, gran parte de la izquierda construyó su identidad cuestionando a la institucionalidad y a los gobiernos de la transición. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de esos juicios se atenuaron. Aquellos que caminaron por las alamedas criticando a la Concertación terminaron reconociendo en esa experiencia un referente práctico. Incluso el piñerismo dejó de ser un adversario absoluto para convertirse, en ciertos momentos, en un punto de comparación incómodo.
De ahí el sentido del título: el poder también cobra cuentas. La izquierda llegó impulsada por el estallido social y el primer proceso constituyente, pero debió moderarse, aprobar lo que antes rechazaba y convivir con sus propias contradicciones. No logró cambiar la Constitución y, en ese tránsito, también abrió espacio al ascenso de una derecha más dura y confrontacional.
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