La ministra Marcela de Orúe Ríos asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua durante la ceremonia de inauguración del año judicial 2026, en una ceremonia marcada por el cambio de mando y la presentación de la cuenta pública del período anterior.
La actividad reunió a autoridades regionales, el Pleno de ministras y ministros, Fiscalía Judicial, integrantes de la judicatura y funcionarios de tribunales.
En su primer mensaje, la ministra de Orúe subrayó el desafío institucional que asume y el rol del poder judicial en la región: “asumo con gran responsabilidad esta importante misión, comprometiéndome a seguir en la senda del trabajo colaborativo, la innovación, la vinculación con las instituciones y la comunidad, así como también impulsar medidas para continuar con el mejoramiento de la gestión de causas hasta su término”, expresó, añadiendo que “como presidenta de este tribunal de alzada he visto el esfuerzo y la entrega de todos a pesar de las limitaciones existentes en cuanto a recursos y presupuesto”.
Cuenta Pública 2025
En la cuenta pública, el ministro saliente Ricardo Pairicán García detalló los principales avances de 2025, destacando el incremento del 4% en el término de causas y la creación de una cuarta sala extraordinaria para enfrentar la carga civil. También informó mejoras en tiempos de respuesta, aumento en escritos y notificaciones, y un desempeño sobresaliente en liquidaciones de pensiones de alimentos. “Estas acciones y resultados constituyen un motivo de gran satisfacción para nuestra corte de apelaciones”, señaló, enfatizando la importancia del trabajo en equipo y la coordinación interinstitucional en procesos complejos.
“En el marco de investigaciones de alta complejidad y el cambio de paradigma que esto implica en el abordaje de estos procesos judiciales, la Corte de Apelaciones de Rancagua suscribió un protocolo de seguridad con la Fiscalía Regional, la Defensoría, el Juzgado de Garantía y el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua con el fin potenciar la coordinación previa para evitar situaciones de riesgo que puedan afectar a los intervinientes, funcionarios, magistrados y público en general”, manifestó Pairicán.
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