Gremio docente Aseduch advierte: Comienzo de clases bajo amenaza, incertidumbre económica y paro docente ponen en riesgo el año escolar

En este inicio del año escolar, las comunidades educativas de Rancagua y del país enfrentamos un escenario de profunda incertidumbre económica que amenaza no solo la estabilidad de los establecimientos, sino también el derecho a la educación de miles de estudiantes, especialmente de aquellos en situación de discapacidad o con necesidades educativas especiales.

Hoy, sostenedores, directivos, docentes y asistentes de la educación observamos con preocupación la falta de pago de bonos comprometidos, la disminución del 26 % en el financiamiento asociado al mantenimiento de los establecimientos y, paralelamente, la obligación de reajustar sueldos conforme a las normativas vigentes. Esta combinación configura una ecuación financiera compleja que pone en riesgo la continuidad operativa de muchos colegios, en especial de los particulares subvencionados y de las escuelas especiales, que dependen fuertemente de estos recursos para su funcionamiento diario.

El mantenimiento de las escuelas no es un gasto accesorio: es una condición básica para garantizar espacios seguros, accesibles y dignos para nuestros estudiantes. En el caso de la educación especial, este aspecto es aún más crítico. Nuestros alumnos requieren infraestructura adaptada, equipamiento específico, materiales pedagógicos diferenciados y condiciones ambientales que favorezcan su aprendizaje y bienestar. Reducir estos recursos implica afectar directamente los procesos educativos y terapéuticos que tanto esfuerzo han costado construir.

A esto se suma la legítima preocupación por el reajuste salarial de los trabajadores de la educación. Nadie discute que docentes y asistentes merecen condiciones laborales justas; sin embargo, cuando estos incrementos no vienen acompañados de financiamiento oportuno y suficiente, el sistema completo se tensiona. Los establecimientos quedan en la disyuntiva de cumplir con sus obligaciones laborales o sostener los servicios educativos básicos, generando una presión insostenible en la gestión institucional.

Resulta especialmente inquietante que esta situación aún no tenga solución en el comienzo de clases, sin certezas claras por parte de las autoridades. La educación no puede planificarse en la improvisación ni en la incertidumbre presupuestaria. Las comunidades escolares necesitan estabilidad para proyectar el año académico, organizar equipos, planificar apoyos y garantizar continuidad pedagógica.

Las consecuencias son aún más graves. En distintos espacios educativos se ha comenzado a manifestar un clima de inquietud que trasciende posiciones políticas. Diversos gremios docentes, incluso aquellos históricamente cercanos a sectores oficialistas, han expresado su preocupación por el impacto de estas decisiones en el funcionamiento de las escuelas y en el bienestar de los trabajadores. El fantasma de un eventual paro docente al inicio del año escolar no solo refleja demandas laborales insatisfechas, sino también la sensación de desprotección que vive hoy el sistema educativo.

Estos mismos gremios, que a lo largo de su historia han utilizado los paros como mecanismo de presión para alcanzar intereses políticos —muchas veces alejados del bienestar educativo—, hoy vuelven a instalar la amenaza de paralización. Surge entonces una interrogante legítima: ¿se trata de una estrategia frente a un eventual cambio de gobierno o de una lucha laboral genuina?

Lo cierto es que, en los hechos históricamente no se observaba un retraso tan significativo en los pagos vinculados a la educación, con recortes presupuestarios que traerán graves consecuencias: aguinaldos de Navidad 2024 pagados a finales de febrero de 2025; bonos correspondientes a 2025 y enero y febrero 2026 aún impagos; y una constante en los últimos años: útiles escolares que llegan en octubre o en algunos casos de escuelas que no llegaron, y compromisos financieros que no se cumplen en los plazos establecidos. Es decir, un retroceso directo en los derechos educacionales.

Más allá de las interpretaciones políticas que algunos sectores puedan atribuir a esta coyuntura, lo cierto es que la educación no puede transformarse en un campo de incertidumbre financiera ni en un espacio de disputa ideológica. Cuando los recursos no llegan a tiempo, no se afecta a los sostenedores ni a las autoridades: se afecta directamente a los niños, niñas y jóvenes que esperan reencontrarse con sus profesores, sus compañeros y sus procesos de aprendizaje.

En regiones como la nuestra, donde muchos establecimientos cumplen además un rol social fundamental, estas decisiones repercuten en toda la comunidad. Los colegios son espacios de contención, inclusión, alimentación y desarrollo integral. En el caso de las escuelas especiales, representan muchas veces el principal apoyo educativo y emocional para familias que enfrentan día a día los desafíos de la discapacidad.

Es urgente que las autoridades entreguen soluciones concretas, oportunas y responsables que permitan a los establecimientos iniciar el año con tranquilidad, cumplir con sus compromisos laborales y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje. No se trata solo de números o presupuestos; se trata de asegurar el derecho a la educación de miles de estudiantes que no pueden ser rehenes de la incertidumbre financiera.

La educación chilena, y particularmente la educación especial, necesita certezas, planificación y compromiso real. Porque detrás de cada bono no pagado, de cada recorte presupuestario y de cada decisión tardía, hay rostros, historias y sueños que no pueden seguir esperando. Es imperioso, bajo cualquier gobierno, que la educación sea considerada un “Servicio Esencial”, y así se asegure la continuidad de las clases para todos los alumnos de manera ética, como lo es la salud, independientemente de los escenarios político-administrativos de los gobiernos de turno.

Comenzar un año escolar en medio de esta incertidumbre económica no solo tensiona la gestión institucional, sino que instala un mensaje preocupante: que la educación puede esperar. Y la educación, especialmente la educación inclusiva, no puede esperar.