En junio del año 2025, se conoció que tras una denuncia realizada por el municipio de Graneros, la Fiscalía de Alta Complejidad O’Higgins se encontraba investigando a la concejala Thae Loiza, debido a lo que habría sido la presentación –aproximadamente desde el 2019- de certificados médicos para justificar inasistencias al concejo municipal.
Estos certificados, que serían al menos diez, estaban emitidos, con timbre y firma, de un médico fallecido con anterioridad a su emisión, por lo que eran falsos.
En esa ocasión, tras conocerse los primeros antecedentes, desde la entidad señalaron que podría constituir los delitos de falsificación de los certificados y el uso de los mismos, además de fraude en la remuneración.
“Efectivamente es muy grave, por ello al iniciarse la investigación inmediatamente esta investigación la asume nuestra Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, toda vez que la finalidad base es poder investigar a funcionarios públicos que incurran en cualquier tipo de actos de corrupción y eso es lo que estamos indagando en este momento”, señaló en aquella ocasión, el fiscal de Alta Complejidad, Javier Von Bischoffshausen.
Paralelo a la investigación de la Fiscalía, se presentó un requerimiento de remoción por faltas graves a la probidad administrativa en el Tribunal Regional Electoral (TER) O’Higgins de parte de la Municipalidad de Graneros, el que tuvo su sentencia acogiendo el requerimiento que destituye a Thae Loiza como edil, además de una pena de 5 años con prohibición de ejercer cargos públicos.
A modo de recopilación de los hechos denunciados, que se remiten a un ‘cargo único’ en la sentencia del TER se relata que “con fecha 30 de mayo de 2025, la Concejala Loíza habría remitido a la Secretaría Municipal un correo electrónico acompañando un certificado médico atribuido al doctor (…) con el objeto de justificar su inasistencia a la sesión de Concejo Municipal celebrada el día 20 de mayo de 2025”.
Añaden que, “al verificarse los antecedentes del profesional consignado como emisor, se habría constatado que dicho facultativo había fallecido con anterioridad, circunstancia que motivó la revisión de la autenticidad del documento”.
Desde ahí apuntan que los antecedentes fueron enviados a Fiscalía, desde donde señalaron que se estaba investigando la ‘eventual’ presentación de más certificados en periodos anteriores.
Considerando la sentencia que acoge la remoción de parte del TER, de acuerdo a la normativa vigente, este fallo puede ser apelado en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), si Thae Loiza determina usar esta herramienta para apelar.
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