“En casa de herrero, cuchillo de palo”. Así se podría describir perfectamente la insólita situación que ocurre en la comuna de San Fernando, ya que el edificio de la mismísima municipalidad, el templo administrativo donde se fiscaliza rigurosamente que cada vecino tenga sus papeles al día carece por completo de permisos de edificación y de su respectiva recepción definitiva de obras.
Lo que comenzó como una simple consulta ciudadana mediante la Ley de Transparencia en el año 2022, terminó por revelar una realidad impensada: el corazón de la administración municipal, ubicado en calle Carampangue 865, no cuenta con los requisitos legales básicos para funcionar. A pesar de las tajantes advertencias emitidas por la Contraloría y de los procesos judiciales en curso, al día de hoy, la situación institucional permanece sin regularizar.
Un edificio «fantasma»
La historia se remonta a agosto de 2022, cuando el ciudadano Luis Barboza Quintanilla solicitó formalmente los permisos de edificación y la recepción final del inmueble donde opera la alcaldía. La respuesta del alcalde Pablo Silva Pérez fue desalentadora: tras una supuesta búsqueda exhaustiva, se notificó que «no se encontró la información requerida».
Posteriormente, el Director de Obras Municipales (DOM), Alejandro Sánchez Pérez, ratificó el vacío legal mediante el certificado N°1760, confirmando que el inmueble «no cuenta con permiso ni recepción». Esta grave omisión vulnera de forma directa los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), normativas que prohíben explícitamente habitar u ocupar obras que no cuenten con su debida recepción definitiva.
Ante la gravedad de los hechos, la Contraloría General de la República intervino en 2023. El organismo fiscalizador desestimó de inmediato los argumentos municipales que intentaban justificar la falta de papeles apelando a la antigüedad de la construcción (datada originalmente entre 1926 y 1929). La Contraloría fue enfática: cualquier alteración, ampliación o reparación posterior —como las ejecutadas tras diversos terremotos o las modificaciones modernas denunciadas— requería obligatoriamente permisos que hoy no existen. Por ello, en enero de 2023, calificó la situación como una «Observación Medianamente Compleja» y otorgó al municipio un plazo de 60 días hábiles para informar sobre las gestiones de regularización.
El inexorable paso de los años
El caso escaló incluso al Juzgado de Policía Local de San Fernando en mayo de 2023. En dicha instancia, la defensa municipal reconoció estar al tanto de la denuncia y afirmó que el trámite de regularización ya estaba en manos de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan). Sin embargo, el abogado representante admitió en la misma audiencia que aún no contaban con respuestas técnicas por parte de dicha unidad.
Lo más sorprendente es que el tiempo parece haberse detenido por completo en Carampangue 865. En abril de 2026, casi cuatro años después de la primera alerta ciudadana, una nueva solicitud de transparencia recibió exactamente la misma respuesta por parte de la administración de Silva Pérez: tras revisar los antecedentes en la Dirección de Obras, «no se ha encontrado expediente con la información solicitada».
Un riesgo público sin certificar
La denuncia original presentada por Barboza advierte un peligro latente: al no existir planos oficiales ni memorias de cálculo aprobadas por los organismos pertinentes, se desconoce por completo si el edificio es estructuralmente seguro frente a los sismos que afectan recurrentemente a la región.
Mientras el edificio consistorial se erige con orgullo como el símbolo de la autoridad local, en estrictos términos legales sigue siendo una construcción irregular; una estructura que no cumple con las mismas normas que la municipalidad le exige, de forma intransigente, a cualquier vecino de la comuna.
A pesar de las consultas realizadas al departamento de comunicaciones y relaciones públicas, hasta el cierre de la presente no hubo respuesta oficial.
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