Sin duda, estos tres meses de gobierno han sido complejos. La narrativa de un «gobierno de emergencia» instalaba una promesa implícita: que el diagnóstico previo permitiría comprimir los tiempos de acción institucional. Sin embargo, cada ministerio terminó llevando su propia agenda, con ministros que sostuvieron su capital político y otros que navegaron con más incertidumbre que certezas.
El cambio de gabinete envió una señal interesante hacia la posible fusión de carteras con áreas comunes, orientada a optimizar recursos sin sacrificar valor público. Una dirección razonable, pero que exige algo aún no explicitado con claridad: un plan.
Gobernar no es lo mismo que hacer campaña. Ambos comparten la lógica comunicacional, pero en el gobierno esa comunicación debe ser más precisa e institucional. Las grandes promesas y la postura de verdugo ante la administración anterior generaron expectativas de resultados inmediatos que la institucionalidad, con sus propios tiempos de normativa, procesos administrativos y coordinación interministerial, simplemente no puede satisfacer por decreto.
Y aquí aparece la pregunta que mayor ruido ha generado: si la seguridad era la urgencia número uno, ¿cómo se gobierna una emergencia sin un plan? Continuar con las medidas del gobierno anterior no es incompetencia —puede ser, incluso, una señal de madurez institucional. El problema es haberlo precedido de una crítica tan aguda y sostenida. Eso no es coherencia: es confusión.
La primera cuenta pública abre una oportunidad para reorientar el rumbo. Más que un nuevo gabinete, lo que este gobierno necesita es coherencia entre lo que planifica, comunica y ejecuta. Sin esa tríada, la desconfianza se profundiza y el desgaste se acelera —riesgo especialmente grave cuando el capital político aún no se consolida—. Gobernar, y no solo administrar, exige que las palabras, las decisiones y los resultados hablen el mismo idioma.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas