¿El secretismo de los “inocentes”?

En la región de O’Higgins los hechos hablan por sí solos. Distintos casos de connotación social, en términos delictuales, están dando que hablar entre los vecinos y los medios de comunicación local, según muestran las últimas noticias. En este sentido, es justo reconocer la labor de las instituciones que trabajan en el área de seguridad, como las policías y gobernanzas locales, quienes sin duda están realizando los mayores esfuerzos… esfuerzos que, por cierto, son en vano cuando no se entra en lo que mueve el delito: el dinero.

El dinero se moviliza, y circula por sistemas que muchas veces el Estado no logra seguir a tiempo. La lectura social y política es clara: si el crimen organizado avanza, las políticas públicas y las leyes deben avanzar. Por eso, levantar el secreto bancario no es una discusión menor; es una herramienta necesaria para perseguir el lavado de dinero, detectar redes y cortar el financiamiento que permite que las organizaciones criminales crezcan.

El delito se financia, protege y reproduce con estructuras económicas más sofisticadas. Por esta razón, resulta difícil justificar la postura del oficialismo, quienes se oponen al levantamiento del secreto bancario. Se dice querer combatir el crimen, pero cuando hay que realizar un cambio verdadero, rechazan una herramienta que, justamente, permitiría seguir el rastro del dinero ilícito.

Y esa contradicción afecta directamente a nuestra región; las instituciones locales seguirán combatiendo estos delitos con herramientas limitadas, es decir, menos capacidad para detectar y perseguir los flujos del dinero relacionado con lavado de activos y narcotráfico, o sea, a bandas criminales y los delitos económicos. El diagnóstico es claro, instituciones como la Unidad de Análisis Financiero ha señalado que: “sin el levantamiento del secreto bancario estaremos más atados de mano para la detección del crimen organizado”

La seguridad no se resuelve con más operativos ni con discursos duros, requiere inteligencia financiera y decisión política para intervenir donde más les duele a los delincuentes; en su bolsillo. En O’Higgins el problema no es solo cuántos delincuentes se detienen, sino cuánto dinero sigue moviendo la maquinaria del delito.