Un informe de 481 páginas de la Contraloría General de la República (CGR), emitido el 25 de junio de 2026 puso bajo la lupa la gestión de la Municipalidad de San Fernando, tras detectar falencias en sus procesos de trato directo durante el año 2023. El documento no solo expone un profundo desorden administrativo, sino también potenciales faltas a la probidad que ya fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Uno de los hallazgos más insólitos de la auditoría involucra a Javier Canales Oyarzún (ex CORE), profesional del Departamento de Servicios Generales. Según el informe, el funcionario retiró de la bodega municipal materiales destinados a una granja educativa incluyendo planchas de zinc, madera, clavos y nylon para instalarlos en un puesto de venta de pasteles perteneciente a su padre en la fiesta de Santa Rosa de Pelequén. Por este hecho, el municipio propuso suspenderlo de sus funciones, mientras que la Contraloría derivó los antecedentes a la justicia penal.
La probidad del alcalde Pablo Silva Pérez quedó cuestionada luego de que se descubriera su presunta relación de amistad con el proveedor Patricio Campos Muñoz. La CGR revisó redes sociales donde se ve a ambos compartiendo en celebraciones de cumpleaños y publicaciones con el eslogan «Pablo Silva da confianza» durante su campaña. Entre 2021 y 2025, el municipio emitió pagos a este proveedor por un total de $805.213.829, omitiendo el deber de abstención del edil en contratos que él mismo firmó.
Cheques en blanco y millones sin acreditar
El descontrol en las arcas municipales quedó en evidencia al detectarse cheques firmados en blanco en la Tesorería, una práctica habitual que vulnera cualquier estándar de resguardo financiero. A esto se suma el pago de más de $149 millones en arriendo de maquinaria para mantención de caminos y emergencias fluviales, sin que existan reportes de horas trabajadas, patentes de los equipos o vistos buenos de jefaturas que acrediten que el servicio realmente se prestó.
Además, la base de datos municipal sobre tratos directos presentó inconsistencias por más de $3.128 millones respecto a los registros oficiales de Mercado Público.
La planificación parece ser una palabra inexistente en la gestión actual. La municipalidad pagó $173 millones por servicios superiores a las 500 UTM sin obtener el acuerdo obligatorio del Concejo Municipal. Asimismo, se detectó la compra de porta documentos por $19,8 millones, un gasto que la Contraloría determinó que no se enmarca dentro de las funciones municipales.
Finalmente, el informe describe una «costumbre» de contratar servicios de forma retroactiva. En múltiples casos como el traslado de batucadas o el arriendo de equipos de sonido, el municipio emitió el decreto de autorización meses después de que el servicio ya había sido prestado y facturado, vulnerando el principio de legalidad.
Ante la gravedad de los hechos, la Contraloría instruyó la apertura de múltiples procedimientos disciplinarios para determinar las responsabilidades administrativas de los involucrados en estas irregularidades que hoy sacuden a la capital de Colchagua.
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