Hace exactamente un año, este mismo medio daba cuenta de la reformalización del exalcalde Godoy. En esa época, que parece lejana, anticipamos: arriesga hasta 17 años y 6 meses de cárcel.
Hoy, la sentencia está ejecutoriada. Es la constatación de una verdad construida con evidencias, mucho estudio y litigación estratégica.
También se probó que la fiscalización de los concejales sí sirve y que con respeto a las garantías de los imputados también se consigue condenas muy altas en un juicio oral y contradictorio.
Más allá de los alegatos técnicos sobre inmediación o configuraciones típicas, la Corte Suprema constató que no hubo infracción al debido proceso y que la sentencia estaba adecuadamente fundada, salvo un error en el cálculo de las multas a Cornejo, uno de los empresarios que sobornó al alcalde.
La sentencia de la Corte Suprema no solo desestima esos alegatos, sino que los califica con la precisión técnica que caracteriza a la judicatura: El fallo no es arbitrario, es una conclusión jurídica robusta.
Hoy, la justicia chilena ha dado una señal inequívoca. La corrupción en la administración pública no es impune, y el costo de haber defraudado la confianza de los rancagüinos no es solo político, sino que se traduce en 16 años de cárcel.
La sentencia de la Corte Suprema no es el final de un proceso; es el inicio de una nueva etapa donde la transparencia y la legalidad deben primar sobre cualquier interés particular. La trama del fraude ha sido desentrañada, y la justicia, en su máxima expresión, ha prevalecido.
Ahora es tarea de otros perseguir el cobro de multas, de indemnizaciones y verificar el cumplimiento de las penas. Nosotros, los querellantes, seguiremos trabajando por el cumplimiento normativo, la debida diligencia y la probidad pública.
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