La Ley 21.180 de Transformación Digital fija 2027 como plazo final de implementación. Fue promulgada en 2019 y desde entonces han pasado un estallido social, dos procesos constituyentes, cambios de gobierno y la irrupción explosiva de la inteligencia artificial. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Cabe preguntarse si las instituciones descentralizadas y desconcentradas han cumplido las fases dispuestas por la ley. ¿Cuentan con unidades o personal responsable de liderar ese proceso? ¿Existe un plan real de cumplimiento? ¿Se externalizará o la propia institución asumirá el desafío?
Vale la pena tomarse en serio esta tarea. La innovación pública lleva más de tres décadas ganando terreno en Chile desde la llegada de los computadores e internet hasta las compras públicas electrónicas. Como plantea Janowski (2015) la transformación digital del Estado avanza por etapas que van desde la digitalización básica hasta la contextualización de los servicios según las necesidades reales de cada territorio; no basta con digitalizar trámites si no se rediseña la relación entre Estado y ciudadanía.
Este proceso obliga a enfrentar la llamada «permisología» y a acercar la atención a los usuarios que viven lejos del centro cívico. Una ventanilla única que reduce de días a minutos la tramitación municipal muestra cómo la digitalización crea valor público real.
Para las instituciones rezagadas esto será una carga. Para las que avanzaron debería existir un incentivo que reconozca el esfuerzo. La transformación digital repite lo vivido antes con la máquina de escribir y el correo electrónico. Es intensa y veloz. Quien no suba a tiempo quedará en el vagón de cola o directamente en la estación.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas