La vigésima tercera sesión ordinaria del Concejo Municipal de la comuna de San Fernando no fue precisamente un remanso de paz ni de pulcritud edilicia. La concejala Paz Belén Rodríguez Zúñiga encendió la pradera al presentar una contundente denuncia pública por violencia, descalificación y un marcado menosprecio en contra del director jurídico de la municipalidad, Josep Palominos. Según expuso la autoridad, el jurista vendría desplegando un metódico patrón de hostigamiento hacia su labor fiscalizadora.
El episodio más inverosímil y que parece sacado de una comedia de enredos burocráticos se remonta al pasado 7 de julio. En aquella fecha, mientras debía presidir una crucial comisión de fiscalización, el director jurídico fue sorprendido nada menos que disfrutando de la cita máxima del fútbol mundial a doble pantalla. Al parecer, la interrupción de su sacrosanto deleite futbolístico en pleno horario laboral indignó profundamente al abogado, cuya concentración de «alto rendimiento» se vio drásticamente menoscabada por las molestas e impertinentes preguntas de la fiscalizadora.
La represalia no tardó en llegar en formato de mensajería rápida. Tras el incidente del mundialismo corporativo, Rodríguez aseguró haber recibido un texto de Palominos que rozaba el surrealismo institucional: «A diferencia de ti, a mí me pagan por trabajar», frase célebre que a estas alturas bien podría postular a lema del departamento jurídico. Por si fuera poco, un tercer mensaje irrumpió en su teléfono acusándola de «incentivar las dádivas» tras haber expuesto anomalías vinculadas a la empresa Starco. La escalada de descalificaciones tuvo su clímax el pasado viernes, durante el Día del Dirigente Social, cuando el asesor, en un gesto de profunda cortesía republicana, la tildó públicamente de «vende humo» ante la atónita mirada de los vecinos.
Frente al bochornoso relato, el concejal Matías Álvarez solidarizó de inmediato y exigió aplicar sin dilaciones la Ley Karin (Ley 21.643), recordando que la normativa exige reaccionar en plazos perentorios de 24 a 72 horas para frenar el acoso laboral en el servicio público.
Por su parte, el alcalde Pablo Silva Pérez, entre el asombro y la prudencia formal, atinó a señalar que, aunque no presenció el episodio del viernes, debía «creer lo que usted dice», aunque recordando que la contraparte tendrá derecho a presentar sus descargos institucionales.
Sin embargo, la concejala Rodríguez fue categórica: remarcó que «el machismo en política existe», confirmó que ingresará todos los antecedentes a la Contraloría General de la República y exigió disculpas públicas en la próxima sesión. Al cierre, dejó un recado no menor: el denunciado profesional no es un funcionario cualquiera, sino el hombre de extrema confianza del sillón alcaldicio. Habrá que ver si en la Contraloría la pasión por el fútbol a doble pantalla tiene el mismo arbitraje permisivo que en el municipio.
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