Como “devastadora” o “un terremoto” han calificado trabajadores contratistas a la decisión de Codelco, cuando comunicó el pasado martes la suspensión temporal de las actividades de desarrollo y construcción del proyecto Andes Norte en la División El Teniente, argumentando razones de seguridad luego que los análisis técnicos detectaron lo que denominaron un «fenómeno sísmico emergente» asociado a la mayor profundidad del yacimiento.
La decisión paraliza las obras de las empresas contratistas a cargo de esta megaobra —diseñada para extender la vida útil de la mina por 50 años— e inicia un proceso de suspensión ordenada de contratos, según confirmó la cuprífera.
La medida llega en un momento crítico para la mina subterránea, que está enfrentando las investigaciones del Ministerio Público y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) tras el fatal estallido de roca registrado hace poco más de un año (31 de julio de 2025) que cobró la vida de seis trabajadores.
Este congelamiento no pasa inadvertido si pensamos en el mercado laboral de la Región de O’Higgins, que por segundo trimestre móvil registra un aumento del desempleo del 10,4% (el anterior fue de 10,2%), y con una tasa de informalidad que alcanza el 30,3%.
Este freno en Andes Norte amenaza directamente a miles de puestos de trabajo —entre 3.000 y 4.000 puestos formales— concentrados en firmas contratistas de obras civiles y montajes. Así, el impacto no solo destruye mano de obra calificada en el sector minero, sino que amenaza con golpear en cadena a los servicios de transporte, alimentación y proveedores locales no sólo de la provincia de Cachapoal, sino incluso más allá de la región.
Ante la incertidumbre generalizada, si bien el común denominador es respaldar todas las medidas encaminadas a asegurar la vida de las personas, autoridades y parlamentarios de la zona reaccionaron con dureza. El diputado Fernando Zamorano (Distrito 15) sostuvo que «la vida de los trabajadores siempre debe estar primero, pero hoy la Región de O’Higgins también necesita certezas sobre el futuro laboral de miles de familias que dependen de El Teniente», enfatizó el legislador.
Por su parte, el diputado Fernando Ugarte (Distrito 15) anunció una serie de acciones de fiscalización tras la decisión de Codelco. En primer lugar, solicitará que la Comisión de Minería de la Cámara cite a representantes de la estatal para que expliquen públicamente las razones de la suspensión temporal del proyecto. Asimismo, informó que iniciará un proceso de fiscalización para esclarecer, según planteó, por qué durante enero se adjudicaron contratos para faenas en un sector que continuaba bajo investigación del Ministerio Público y bajo monitoreo permanente de Sernageomin tras el accidente ocurrido en 2025. «Es importante tener los antecedentes de forma clara y pública», afirmó.
El parlamentario señaló además que ya sostuvo conversaciones con el subsecretario de Minería y que busca concretar una reunión con ejecutivos de Codelco, además de coordinar acciones con la Delegación Presidencial, con el objetivo de evaluar una respuesta frente a las consecuencias de la paralización.
«Tenemos una delicada situación de empleo en la región y es fundamental cuidar cada puesto de trabajo«, sostuvo, advirtiendo que el impacto no solo alcanza a los trabajadores vinculados directamente al proyecto, sino también a subcontratistas y proveedores de servicios, por lo que insistió en la necesidad de conocer la duración de la suspensión y las medidas que se adoptarán para resguardar el empleo. «Queremos saber cuánto durará realmente esta suspensión», subrayó Ugarte.
Desde el ámbito gremial, las contratistas ya manejan un horizonte para resolver el futuro de las faenas. Rony Avilés, presidente de la Federación de Sindicatos Base de Empresas Contratistas de El Teniente, reveló que «a las empresas también se les avisó que la suspensión es hasta el día 18 de agosto. Dentro de ese plazo se va a evaluar cuáles van a ser las medidas, si ya se va a prolongar o va a ser definitivo el cierre». El dirigente enfatizó la urgencia de crear una mesa tripartita con la estatal «para ver de qué forma podemos mitigar un poco la cesantía y ver la continuidad y estabilidad laboral de los viejos».
En las bases, tras el primer golpe el ambiente mezcla temor y cautela. Operarios de firmas externas evitan dar sus nombres por temor a represalias o listas negras que afecten su continuidad en el rubro. Jorge —nombre protegido— relató la desprotección en que se encuentran y que la situación le da un duro golpe a su situación económica y familiar, ya que advierte que en la División no hay otros proyectos de la envergadura de Andes Norte: «Con los viejos estamos súper urgidos porque nadie da información, no se sabe qué va a pasar con nosotros, más encima no hay otras pegas para poder postular, la alternativa sería partir al norte pero con tanto viejo buscando pega se hará difícil. Nos finiquitaron a fines del año pasado y quedamos altiro con contrato en enero de este año, pero ahora nos salen con esto, sabíamos que algo malo podía pasar porque las ‘sopladas’ (rumores) venían hace rato, pero nunca imaginé que iba a ser tan drástico».
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