La noche de este miércoles, el presidente José Antonio Kast se dirigió al país mediante una nueva Cadena Nacional, instancia en la que destacó la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional y además anunció, lo que podría denominarse una megarreforma en Seguridad.
«Quiero agradecer a todos los diputados y senadores, independiente de su color político, por haber contribuido a sacar adelante este proyecto tan significativo para el país», sostuvo el mandatario.
Quien aseguró que tras la aprobación de la ley «estamos convencidos de que ahora le toca a los chilenos y que su esfuerzo tendrá recompensas. Quien madruga para trabajar desde temprano, quien arriesga sus ahorros para abrir un negocio, quien estudia de noche para salir adelante, quienes emprenden y arriesgan su patrimonio, tienen derecho a que el país no les ponga más obstáculos sino que genere más oportunidades».
«Luego de más de 10 años de estancamiento, con un gasto estatal desbordado y una deuda pública en niveles históricos, llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá, con el aporte de todos, a ser un modelo para Latinoamérica y un orgullo para todos los chilenos», declaró.
Asimismo, reforzó los ejes en que ha estado trabajando el Ministerio de Seguridad que se enfocan en prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional.
«Hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas», serñaló el presidentes antes de comenzar a detallar las medidas que impulsaran.
Entre las medidas que se anunciaron bajo los conceptos de «perseguir sin descanso», «capturar sin excusa» y «juzgar con todo el peso de la ley» está realizar un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento, patrullaje y tecnología (con foco en perseguir el crimen organizado), ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, o adelantando que «una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle ilegalmente podrá ser un delito».
«Vamos a enviar al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado», adelantó.
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