Se ha escrito mucho sobre la reforma constitucional impulsada por el Gobierno para crear un estado de excepción de seguridad pública, pero nada de su contracara.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha cumplido y debe seguir cumpliendo un rol institucional insustituible. Está llamado a alzar la voz cuando el Estado diseña herramientas que pueden vulnerar garantías fundamentales. La experiencia comparada advierte que este tipo de estados suelen propiciar vulneraciones de derechos humanos.
Quienes valoramos la labor del INDH debemos también invitarlo a una reflexión sincera y autocrítica. Su defensa debe trascender la protección de libertades civiles y políticas, debe abrir la mirada hacia formas más sutiles y estructurales de vulneración.
La propuesta amenaza efectos sobre derechos sociales, como la salud. Más allá, derechos como la protección medioambiental, muestran que existen vulneraciones asociadas a determinados patrones de desarrollo. Qué decir de la protección de datos frente al impacto de la tecnología, que plantean desafíos que el INDH aún no ha desarrollado activamente.
Defender la labor del Instituto no es incompatible con invitarlo a ser más. Más amplio en su mirada, más presente en agendas que son urgentes.
La seguridad no se construye restringiendo derechos, sino garantizándolos todos. No es un fin en sí mismo, sino un medio para que las personas puedan vivir con dignidad. Y esa dignidad no se agota en la ausencia de violencia, sino que exige salud, educación, medio ambiente sano, paz, participación y protección en el mundo digital. Por eso la seguridad no se trata solo de prevenir el delito, sino de garantizar condiciones para vivir dignamente.
El actuar institucional obliga a defender lo mínimo, pero también a mirar más lejos. El INDH puede y debe hacer ambas cosas.
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