Debe haber miles de personas que alguna vez golpearon las puertas de un templo buscando a un sacerdote para que administrara los últimos sacramentos a un ser querido, solo para encontrar la puerta cerrada. Debe haber, también, incontables ciudadanos que recurrieron con angustia a los servicios públicos de salud y cuya urgencia jamás fue escuchada. Esta doble indiferencia expone una crisis profunda en las instituciones que sostienen nuestra sociedad: una Iglesia y un Estado que parecen haber perdido la empatía, volviéndose burocráticos, indolentes y desconectados de las necesidades de su gente.
Fue precisamente esa la amarga experiencia que vivió mi madre, María Rosa Laura Marchant Gutierrez (QEPD). Devota feligrés de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la qué desde muy joven fue una seguidora incansable de las enseñanzas bíblicas y una servidora abnegada en la Parroquia La Merced de Chimbarongo. Como catequista, recolectora del 1% y voluntaria en las cajas de Cáritas, entregó su vida a la comunidad. Incluso lideró el proceso de reconstrucción a fines de los años 70 hasta ver materializado el actual templo.
Por eso resulta profundamente doloroso que, en el ocaso de su vida, la respuesta eclesial fuera el silencio. Pese a las múltiples llamadas de familiares y amigos para que recibiera la Extremaunción, los párrocos de Chimbarongo, de La Merced y San José jamás llegaron. Transcurrieron más de dos semanas y ningún presbítero se acercó a bendecir a quien tanto entregó por la fe. Afortunadamente, fue el Padre Saúl Ahumada, proveniente de Las Cabras, quien viajó especialmente hasta Chimbarongo, para oficiarle el rito más relevante para un cristiano en el trance hacia la vida eterna. Una lección de verdadera vocación pastoral en medio de la omisión local.
Sin embargo, el abandono no fue exclusivo del ámbito espiritual. El Estado, a través de la red de salud pública, actuó con la misma displicencia. Tras reiteradas gestiones para que mi madre fuera evaluada e ingresada al programa de pacientes postrados a sus 96 años, la primera visita médica se concretó irónicamente el mismo día en que falleció mi padre, el pasado 15 de septiembre 2026. Pese a su evidente deterioro, las funcionarias dictaminaron que no calificaba y que regresarían en dos meses.
Ante el progresivo empeoramiento de su movilidad, acudí nuevamente en al menos dos oportunidades de manera presencial. La única respuesta fue la vaga promesa de adelantar la cita, sin fijar jamás una fecha. Pero el episodio más indolente ocurrió el día de su deceso: al llamar al 131 para solicitar auxilio dada la gravedad de su estado, el operador se limitó a responder que «estamos para emergencias y eso no es una emergencia; llame a paliativos o postrados», negándose rotundamente a enviar asistencia. Tres horas más tarde, mi madre falleció.
La tragedia rozó lo absurdo cuando, minutos después de su muerte, dos funcionarias del Hospital de Chimbarongo se presentaron en el domicilio para evaluar si calificaba al programa. La respuesta de mi hermano Jorge condensó en una sola frase toda la impotencia vivida: «Llegaron un poco tarde; mi mamá falleció hace unos minutos».
Historia que se podría resumir en dos líneas, la Iglesia olvida a sus fieles más leales en la hora final, y el Estado le da la espalda a los ciudadanos cuando más necesitan de la protección pública.
