La historia del fraude al fisco en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Colchagua, se remonta a febrero de 2022. En aquellas semanas, la cúpula directiva impulsó un proceso masivo de desvinculación de docentes y asistentes de la educación correspondiente al Plan Anual 2022, caso que finalmente se formalizará en noviembre próximo, teniendo como principal imputado al primer director ejecutivo de la entidad, por delito de fraude al fisco en calidad de autor.
Entre el 22 y el 26 de febrero de 2022, decenas de funcionarios acudieron a una notaría de San Fernando para firmar sus finiquitos y recibir el pago de sus indemnizaciones. Sin embargo, detrás de estos desembolsos se ocultaba un grave vicio financiero e institucional: el dinero utilizado no contaba con la correspondiente aprobación presupuestaria ni con fondos asignados para tal efecto.
Para sostener los pagos, la dirección del SLEP desembolsó un total de $2.253.760.642 del saldo final de caja del ejercicio 2021. Entre estos dineros se incluyeron partidas provenientes del Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 (FET-Covid19), regulado por la Ley N° 21.288, cuyos recursos debían destinarse exclusivamente a atender la crisis sanitaria o ser devueltos al Tesoro Nacional antes del 31 de enero de 2022. En lugar de ello, fueron desviados para el pago de indemnizaciones laborales sin justificación legal.
Además de la ilegalidad en el origen de los recursos, las autoridades del servicio modificaron de forma irregular las causales de cese de funciones en las resoluciones administrativas, pasando de término de contrato a causales con derecho a indemnización, y emitieron un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria el 28 de marzo de 2022, un mes después de pagados los finiquitos, afirmando falsamente que contaban con fondos aprobados del Fondo de Recuperación y Apoyo para la Educación Pública (FRAEP).
¿Quiénes denunciaron y quienes ocultaron las irregularidades?
El entramado comenzó a desmoronarse gracias a las alertas e inconsistencias detectadas desde el interior del propio servicio, a las que posteriormente se sumaron entes fiscalizadores y perseguidores penales, pero el reemplazante del suspendido director titular Héctor Saravia, en literalmente los medios locales y regionales, siempre señalaba “no hay fraude, no hay robo, nada de lo que se denuncia”.
Carolina Andrea Abarca Zamorano (profesional de planificación de presupuesto del SLEP): Fue una de las primeras en identificar la inconsistencia temporal en el proceso de pagos. Advirtió que las indemnizaciones se habían pagado en notaría en febrero de 2022, mientras que la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria recién ingresó a su unidad el 28 de marzo de ese año. Sus evidencias y cadenas de correos fueron entregadas a la investigación penal. La que tras ser contactada por El Tipógrafo, se negó a dar declaraciones.
Fernanda Hermosilla Vásquez (abogada): Tras rastrear el flujo documental de los pagos, constató que las resoluciones del fondo FRAEP ingresaron a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) a fines de febrero de 2022 y no estaban aprobadas. Al confrontar directamente al director del SLEP en abril de 2022, este reconoció haber tomado la decisión unilateral de ocupar el saldo de caja. Con ello, Hermosilla constató que la plana mayor del servicio conocía la situación y actuó al margen de la legalidad del gasto.
Las denunciantes Fernanda Hermosilla y Carolina Abarca, según informaciones recopiladas al interior del servicio literalmente fueron consideradas las «parias» del SLEP Colchagua, sufriendo el acoso y la persecución de sus pares y directivos. Al ser contactada para obtener su versión del proceso, Fernanda Hermosilla declaró: “No voy a hablar en virtud del principio de probidad administrativa. En mi calidad de funcionaria pública voy a guardar silencio y no emitiré opinión; efectivamente es la Justicia la que debe pronunciarse”.
Audiencia de formalización
La audiencia de formalización fue solicitada por el Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción e Investigaciones Especializadas de O’Higgins, Javier Von Bischoffshausen, en el marco de la causa contra Oscar Leonardo Fuentes Román, primer director ejecutivo del SLEP Colchagua, imputado por el delito de fraude al fisco en calidad de autor, y contra Héctor Fuentes Dobson, por el delito de falsificación de instrumento público en calidad de autor.
La solicitud judicial presentado ante el Juzgado de Garantía de San Fernando, el tribunal respectivo agendó la audiencia para el próximo 10 de noviembre del presente año a las 09:30 horas. Proceso que determinará la ruta de los más de dos mil millones de pesos y si estos recursos para la educación pública fueron reincorporados a las arcas fiscales.
