“Hace 10 años que estamos luchando contra el Serviu para poder tener nuestra casa y no hemos avanzado mucho”, comienza relatando Mónica Rojas, presidenta del Comité de Vivienda Villa Bonczos II, perteneciente a la comuna de Requínoa.
Para entender la historia de este comité y también del Villa Bonczos III, es necesario ir hace casi una década atrás, cuando se conformó con 300 familias esta organización para aspirar a concretar el sueño que tienen millones de chilenos, el de obtener la casa propia.
Describiendo las características de los grupos familiares de estas organizaciones, Yessica Jerez, presidenta del Comité de Vivienda Villa Bonczos III, señaló que se trata de personas “que viven de allegados”, entre las que cuentan mujeres jefas de hogar, personas mayores y también en situación de discapacidad.
“El sueño que tenemos es de tener nuestra casa propia, que en ese momento éramos 300 familias” detalló, recordando los inicios de este camino que el próximo 16 de diciembre cumple diez años.
Actualmente, son 205 las familias que perseveran en los comités. Partieron con una entidad patrocinante, “Crucero” y tras aproximadamente cuatro años de lo que las vecinas describen como poco o nulo avance, se cambian a Asesoría e Ingeniería Origen.
Mónica, respecto de los inicios con esta nueva entidad patrocinante, recordó que fueron a conocer un proyecto a Santiago como parte de un programa al que podían acceder al tener el subsidio DS49 Industrializado, sin embargo, la pandemia detuvo aquellos avances. Posteriormente, conocieron un segundo proyecto en Constitución que se ajustaba a sus necesidades y requerimientos, el que fue votado afirmativamente por los socios de los comités.
Cuando parecía que por fin avanzaban tras años de espera, comienza el 2024 lo que Mónica califica de “las trabas del Serviu”.
“Nosotros llevamos las carpetas porque eso es lo que nos pidieron, ingresarlas personalmente. Eran unas 6 carpetas más o menos que cada grupo ingresó”, explicó Yessica. No obstante, “después nos dijeron que no, que lo teníamos que hacer por la plataforma”.
Las dirigentes señalan que este tipo de cosas fue en principio, ya que con posterioridad, cuando el proyecto fue ingresado y comenzó a tener observaciones “tratamos de comunicarnos con la persona que estaba encargada de nuestro proyecto y ella dice que no da audiencias”.
“Extrañamente, la encargada de proyectos no da audiencias para poder comunicarse con ella y saber por qué nos están rechazando”, añade Mónica.
Ante esta negativa, desde el comité solicitaron una reunión con la dirección de Serviu, mediante Ley de Lobby, no obstante, un día antes de concretarse la «me llaman por teléfono diciendo que no fui clara al requerir la reunión y que debo bajar la solicitud y volver a subir otra donde especifique bien por qué estoy pidiendo la reunión”.
“Y hasta el momento todavía no confirman si me van a aceptar la reunión con la directora o si la rechazaron, hasta el momento no tenemos respuesta”.
Asimismo, denuncian que “nosotros ingresamos el proyecto el 13 de mayo y desde ahí tenemos 180 días para las observaciones y resulta que el Serviu nos cambió los 180 días por 160 días”
“Arbitrariamente, no nos dio ninguna razón, motivo, pero para nosotros los 180 días se terminan ahora (ayer) el 9 de noviembre (…) pero el Serviu ya nos cerró todo y supuestamente estamos eliminados”, agregó.
Una de las problemáticas que se presenta al ser eliminado el proyecto, por esta discrepancia en los días del certificado Umbral –fecha de emisión 13 de mayo del 2026 y el registro de interno señala que habría sido el 24 de abril- es que si la entidad patrocinante realizara nuevamente el proyecto, quedarían familias fuera.
O sea, de las 300 que partieron, a las 205 que se mantiene hasta hoy, podría volver a reducirse el número, que no se trata de una simple cifra, sino de personas que llevan una década luchando por obtener su casa.
Otra situación aún más compleja, es que de no materializarse el proyecto, las familias perderán el terreno adquirido para que se establezca el complejo habitacional en la comuna de Requínoa, el que fue obtenido mediante un contrato de compromiso de compra venta.
Para reunir el dinero de la compra cada una de las 205 familias aportó 30 UF, las que se encuentran en un vale vista, en notaría, a nombre del propietario que podrá realizar el retiro cuando se apruebe el anteproyecto.
Como esto no se ha cumplido, estas familias podrían perder el terreno.
Ante la serie de interrogantes y preocupaciones expuestas por los comités, El Tipógrafo consultó a Serviu O’Higgins, recibiendo mediante una declaración pública su versión acerca de los hechos anteriormente detallados.
Cronológicamente, desde la entidad estatal recapitularon que el “proyecto ingresó antecedentes ante Serviu el 24 de julio de 2026, con el propósito de solicitar su incorporación al Banco de Postulaciones del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49)”.
“Tras revisar la documentación presentada, se verificó que esta no cumplía con los antecedentes mínimos requeridos para iniciar su evaluación, por lo que se rechazó su admisibilidad con fecha 3 de agosto de 2026”
Posteriormente, sostienen que el pasado 13 de octubre la entidad patrocinante ingresó nuevamente “antecedentes para solicitar el ingreso formal del proyecto. Sin embargo, al realizarse una nueva revisión, se detectó que la documentación continuaba sin cumplir con los requisitos establecidos en el llamado vigente. Por este motivo, su admisibilidad fue nuevamente rechazada el 22 de octubre de 2026”.
Desde Serviu realizan la aclaración de que “estos rechazos corresponden a la revisión de admisibilidad documental y no a una evaluación de fondo del proyecto”, enfatizando que “para avanzar hacia su evaluación, es indispensable que la entidad patrocinante presente la totalidad de los antecedentes exigidos por la normativa y el llamado correspondiente”.
En uno de los puntos críticos al que apuntan los comités sobre ser eliminados de la plataforma, desde Serviu explicaron que “al permanecer el proyecto por más de 180 días sin lograr su ingreso formal al Banco de Postulaciones en la plataforma UMBRAL, fue eliminado del sistema por la División de Informática (DINFO) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.
“Frente a esta situación, la sección de Postulaciones de Serviu realizó las gestiones pertinentes para intentar recuperar el proyecto en la plataforma. No obstante, de acuerdo con las respuestas entregadas por la División de Política Habitacional (DPH), dicha recuperación no resulta posible, conforme a lo establecido en el artículo 12, párrafo tercero, del Decreto Supremo 49 (DS49)”.
En la línea del rechazo de la audiencia por Ley del Lobby, sostuvieron que “esta no pudo concretarse debido a que no se ingresaron todos los antecedentes requeridos para gestionar este tipo de reuniones. Esta situación fue comunicada telefónicamente a la solicitante”.
Finalmente, desde Serviu O’Higgins afirman que “comprende la preocupación de las familias y reconoce la importancia que tiene para ellas avanzar hacia una solución habitacional definitiva”.
Volviendo a reiterar que “los rechazos de admisibilidad y la eliminación del proyecto de la plataforma UMBRAL corresponden a situaciones administrativas asociadas a este proceso de ingreso” y que esto “no significa que se haya cerrado toda posibilidad de avanzar hacia una solución habitacional para las familias”.
