El proyecto municipal para trasladar la tradicional Feria Libre de San Fernando hacia el sector de El Trapiche ubicado a 1,5 kilómetros del acceso norte de la comuna continúa escalando en tensión política, técnica y judicial. A la falta de socialización con los vecinos, se suma una revisión exhaustiva del expediente técnico en los predios de la ex Reserva Cora Casas Patronales (roles 352-36 y 352-37), la cual advierte que el terreno de 35.000 metros cuadrados resulta inviable para albergar un recinto comercial masivo.
De acuerdo con los antecedentes urbanísticos del paño, la iniciativa choca frontalmente con la normativa vigente en cuatro aspectos críticos:
Incompatibilidad de uso de suelo: El Decreto Exento Nº 1698 (1998) clasifica el sector bajo la zona ZU-6 (Industria Inofensiva), permitiendo exclusivamente talleres, bodegas y garajes. La instalación de una feria libre vulnera de forma directa el Plan Regulador Comunal.
Límites de construcción y estacionamientos: Los Certificados de Informaciones Previas Nº 635 y 636 restringen la superficie edificada o techada a un máximo del 30% del terreno, reservando otro 30% para parqueos. Estas proporciones resultan insuficientes para dotar al recinto de infraestructura sanitaria adecuada, naves techadas y capacidad para la alta demanda vehicular.
Riesgo sanitario y ambiental: La Dirección de Obras Municipales (DOM) constató la presencia de un canal de riego descubierto colindante al predio. Esta condición obliga a restar superficie útil debido a la franja de protección legal y expone el curso de agua a la contaminación por residuos orgánicos, pescados y mariscos, además de favorecer la proliferación de plagas.
Colapso vial: El acceso al terreno depende de pasajes estrechos como Las Golondrinas (9 metros de ancho) y El Cóndor (11 metros), los cuales cuentan con calzadas de apenas 6 metros, sin veredas ni señalética, haciéndolos incapaces de absorber el tránsito de camiones de alto tonelaje y el flujo peatonal masivo.
Un millonario arriendo bajo la lupa
Pese a las restricciones descritas, la Municipalidad de San Fernando desembolsa desde hace más de un año $6.000.000 mensuales por el arriendo del terreno a la sociedad Inversiones La Araucaria SpA.
Según registros del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando (actualizados al 24 de septiembre de 2026) y el Decreto Alcaldicio Nº 2.303, la firma está integrada y representada por José Elías Rishmawi Cumsille, Francisco Cumsille Piddo y Rafael Cumsille y Compañía Limitada (representada por Gladys Mónica Cumsille Piddo). En el ámbito local ha generado cuestionamientos la participación del exconcejal José Elías Rishmawi, quien mantuvo una deuda de patentes comerciales desde 1994, habiendo saldado únicamente las últimas tres cuotas.
El revés en la Corte de Apelaciones
Con el propósito de resguardar el emplazamiento histórico de los comerciantes en avenida Manso de Velasco, el abogado Julio Peralta interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, la semana pasada el tribunal de alzada regional rechazó de forma unánime la acción judicial, respaldando la postura del municipio bajo tres argumentos centrales:
Atribuciones edilicias: La Corte ratificó que el municipio posee la facultad legal para administrar y regular los bienes nacionales de uso público.
Naturaleza de los permisos: Se estableció que las patentes y permisos de los feriantes tienen carácter precario, por lo que no constituyen un derecho adquirido ni permanente sobre un espacio físico determinado.
Acción prematura: El tribunal estimó que los recursos fueron presentados antes de tiempo, señalando que, si bien existe una ordenanza municipal de octubre de 2026 sobre el traslado, su ejecución material aún depende de un decreto alcaldicio pendiente.
Ofensiva ante la Corte Suprema por presuntas irregularidades
Lejos de cerrar el conflicto, la defensa de los feriantes encabezada por Julio Peralta prepara una presentación ante la Corte Suprema para denunciar graves vicios procesales e irregularidades en la tramitación y notificación del fallo.
Uno de los puntos más controvertidos apunta a la inusual celeridad y posible filtración de la sentencia. Mientras una resolución de esta complejidad demora habitualmente entre 5 y 15 días, el fallo se dictó en un lapso de entre una hora y media y dos horas. A ello se suma una cronología que levanta sospechas sobre la reserva judicial:
13:34 horas: El último ministro estampa su firma electrónica en la resolución.
14:00 horas (aprox.): Al inicio de la sesión del Concejo Municipal, un interviniente de apellido Silva afirmó públicamente tener en su poder el texto íntegro del fallo.
Sin notificación oficial: A esa misma hora, la sentencia aún no figuraba en el estado diario, no era visible en el sistema informático del Poder Judicial ni había sido notificada por correo electrónico al abogado Peralta.
Adicionalmente, el escrito que se elevará al máximo tribunal denuncia severas omisiones documentales y probatorias durante el proceso, entre ellas: la inexistencia de un proyecto formal ingresado ante la DOM, la presentación de antecedentes municipales sin las firmas legales exigidas, la aprobación del contrato de arriendo en el concejo del pasado 12 de agosto sin documentos de respaldo en la carpeta, y la falta de análisis de las pruebas aportadas por los recurrentes.






