Un reciente informe de la Contraloría General de la República puso al descubierto una serie de irregularidades en la gestión financiera de la Municipalidad de Rancagua, confirmando todas las observaciones realizadas anteriormente ante la falta de respuesta del municipio. La auditoría detalla la obligación de reintegrar más de 23 millones de pesos por gastos no acreditados y pagos sin respaldo documental.
En el informe, se destaca que el municipio deberá aportar «antecedentes que den cuenta de la diferencia en el pago por la suma de $400.000» respecto de lo pagado y lo facturado por el proveedor de inscripciones, en el contexto del “Encuentro Nacional de Concejales”. Si dicha información no es presentada en un plazo de 30 días hábiles, la Entidad de Control procederá a formular un reparo correspondiente.
La auditoría también puso de relieve gastos asociados a pasantías en el extranjero. Específicamente, el municipio deberá exigir el reintegro de $23.908.848, correspondiente a viáticos, pasajes aéreos e inscripciones, de los concejales que participaron en actividades en Medellín, Colombia, en enero de 2023 y 2024. “De no acreditarse lo anterior en dicho plazo, esta Entidad de Control procederá a formular el reparo pertinente”, advierte el informe.
Otras observaciones incluyen la falta de respaldo documental en el pago de inscripciones a seminarios, con un monto total de $3.487.500 que deberá ser justificado dentro del mismo plazo de 30 días. «El municipio deberá remitir las facturas que acrediten el gasto por concepto de inscripción a las actividades de capacitación observadas”, señala la Contraloría.
Adicionalmente, se destaca la existencia de anticipos de viáticos no utilizados y la falta de control en la rendición de gastos. “La municipalidad deberá acreditar la regularización contable producto de la devolución efectuada, así como implementar un sistema de información integral que contemple una base de datos para los gastos asociados a actividades de capacitación”, se indica en el documento.
La Contraloría concluye su informe recomendando que la ciudad adopte medidas para regularizar las observaciones dentro de un plazo no superior a 60 días, asegurando que la gestión municipal continúe con los procedimientos correctos y ajustados a la ley.
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