Por Alejandro León Irribarra
La anunciada toma de control por parte de Agroindustrial Rosario SPA respecto de los activos de Olivar Export y su sociedad vinculada Superfruta, genera dudas respecto al destino del procesamiento de frutas como nectarines, cerezas, duraznos y ciruelas dagen de los productores locales, esto, ya que según consignó el Diario Financiero, la adquisición de la malograda exportadora se enfocará en el fortalecimiento de su cadena de valor destinando la infraestructura adquirida solamente al procesamiento “de la fruta producida por las compañías socias”.
Con vasta experiencia en el sector, el nuevo controlador de los activos liquidados de Olivar Export, está constituido por dos grupos con trayectoria en el rubro: el Grupo Miranda, con operaciones agrícolas en distintas zonas del país, y Cahuelmó SPA, ex Sociedad Inversiones Cahuelmó Limitada, ligada históricamente a la producción y exportación de fruta fresca, sector forestal e inmobiliario. Ambos forman Agroindustrial Rosario SPA, la sociedad que terminó adjudicándose, sin competencia, el conjunto de activos de Olivar Export por poco más de $7.800 millones, siendo el único interesado en la adquisición.
Según las bases publicadas por Remates Del Río, la operación incluyó dos lotes en la comuna de Rengo, terrenos agrícolas, maquinaria y derechos de agua, que, en su conjunto, representaban un punto estratégico en el circuito agroexportador del corazón del valle central. Sin embargo, lo que ha generado una mayor inquietud entre los agricultores locales es la orientación exclusiva que tendría el uso de esta infraestructura: no se contemplaría el servicio a terceros, ni acuerdos con antiguos proveedores de la quebrada empresa, al menos en el corto plazo.
Las preocupaciones que manifiestan los pequeños agricultores a través de redes sociales referencian a las importantes pérdidas económicas y un impacto sobre la soberanía alimentaria de la región de O’Higgins, ilustrando el vacío que queda cuando las reestructuraciones judiciales no consideran la dimensión social del negocio agrícola, es una preocupación real que han manifestado pequeños agricultores en sus redes sociales.
La Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas (20.720) privilegia los intereses financieros de los acreedores principales —en este caso, bancos y exportadores extranjeros— pero no entrega herramientas para resguardar la continuidad de redes productivas regionales ni proteger a los pequeños agricultores ante una quiebra. En los hechos, una empresa puede desaparecer del mapa sin que sus exsocios productivos tengan derecho alguno sobre las instalaciones o acceso al nuevo modelo de negocios.
Por ahora, no se han conocido declaraciones desde Agroindustrial Rosario, más allá de lo publicado en medios especializados. El Diario Financiero consigna que uno de sus focos será modernizar la infraestructura adquirida y asegurar capacidad de proceso para las compañías socias, sin detallar si habrá espacio para acuerdos o convenios de temporada con terceros.
Mientras tanto, en la región de O’Higgins, el cierre de Olivar Export y la falta de cumplimiento de sus compromisos dejó a más de cien productores sin pagos por sus cosechas, sin alternativas claras para la próxima temporada y con la sensación de que el sistema legal e institucional no estuvo a la altura de un conflicto que ya trasciende lo económico. Lo que se juega en estos meses no es solo la reorganización de un grupo empresarial, sino el futuro de decenas de agricultores para quienes la liquidación de Olivar Export sólo los coloca en compas de despera por una respuesta.
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