El 13 de febrero de 2026 no fue un día cualquiera para Codelco. Lejos del drama de la
masacre Templaria, la minera vivió su propio vienes 13 al reconocer, en una declaración
que fue más un acto jurídico que un simple comunicado, que no solo enfrentó una
tragedia humana, sino una crisis profunda de gobernanza.
Nos hablan de “inconsistencias”, “ocultamientos”, “incumplimientos graves de deberes”,
“firmas digitales inalterables”. No es un lenguaje inocente. En cualquier actividad de alta
complejidad, la calidad y veracidad de la información es la línea delgada que separa el
riesgo controlable de una catástrofe. Cuando esas palabras emergen, la discusión deja de
ser comunicacional y se instala en el núcleo de la gestión empresarial.
El Directorio anuncia una reorganización radical y comités técnicos de clase mundial. La
promesa es familiar pues resuena lo que informó el Ministro Hamilton en un accidente
semejante hace 35 años. Si hoy se requieren contrapesos científicos y trazabilidad
reforzada, la pregunta inevitable ya no es si algo falló, sino qué falló, cuánto tiempo lleva
fallando y por qué el sistema no lo detectó a tiempo.
La promesa de transparencia y colaboración con la fiscalía llega tarde. En el marco del
Derecho penal económico vigente, las debilidades de gobernanza no son meros problemas
de gestión. Son evidencia de un defecto organizacional que, a ojos de la ley, puede derivar
en responsabilidad penal para la persona jurídica.
La tragedia corporativa se superpone a la tragedia humana del accidente, interpela la
cultura organizacional de Codelco. El verdadero viernes 13 no es la fecha del comunicado,
sino el momento en que la principal corporación del país descubre que su sistema de
control ya no controlaba. Y que el costo de aprenderlo 35 años tarde es irreparable.
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