En una jornada de definiciones administrativas críticas para el exalcalde de San Fernando, el Juzgado de Garantía local determinó este 9 de marzo suspender la audiencia de procedimiento abreviado contra Luis Antonio Berwart Araya. La decisión posterga el cierre de uno de los capítulos procesales más esperados de la comuna.
La sesión, dirigida por el magistrado Erick Ríos Leiva vía videoconferencia, buscaba formalizar la salida alternativa pactada entre las partes. Sin embargo, un obstáculo financiero detuvo el proceso: la fiscalía, el querellante y la defensa acordaron, de manera unánime, suspender lo actuado para dilucidar el método de pago de una multa de 20 millones de pesos estipulada durante la causa.
Giro en las medidas cautelares
A pesar de la suspensión del cierre definitivo, la audiencia trajo cambios significativos en la libertad del imputado:
Fin del arresto domiciliario: A solicitud del Ministerio Público y con la anuencia del defensor Cristian Miranda, el tribunal dejó sin efecto la reclusión en el hogar que cumplía Berwart.
Arraigo Nacional: Ante la petición de Guillermo Lara Fernández, representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el juez decretó la prohibición de salir del país, medida que fue informada de inmediato a la PDI.
Causa Ex Administrador
Otro de los procesos judiciales que se tramitan en el Juzgado de Garantía de la capital provincial ha sumado un nuevo capítulo. La audiencia de procedimiento abreviado dirigida contra Pablo Andrés Bravo Cruz, ex administrador municipal durante la gestión del ex alcalde Luis Berwart Araya, ha sido reprogramada tras una solicitud de común acuerdo entre los intervinientes.
Originalmente prevista para la mañana de este miércoles 11 de marzo, la instancia judicial fue postergada debido a un inconveniente de índole personal manifestado por el imputado. Ante esto, el tribunal accedió a la petición, fijando como nueva fecha definitiva el lunes 23 de marzo de 2026 en el Tribunal sanfernandino.
El contexto de la acusación
Cabe recordar que el proceso involucra delitos de alta gravedad contra la fe pública y el patrimonio estatal. Bravo Cruz enfrenta cargos por:
- Fraude al Fisco y Organismos del Estado.
- Falsificación o uso malicioso de documentos privados.
- Cohecho, tanto cometido por empleado público como por particulares (soborno).
La magnitud de la investigación que supera los 4 años, que es conducida por la fiscal adjunta Fabiola Isabel Echeverría García; el abogado Guillermo Lara Fernández, en representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE); y la defensora penal Carolina Alvarado Cisternas.
Al aceptar la reprogramación, el Juzgado de Garantía fue enfático en los apercibimientos legales bajo los artículos 26 y 33 del Código de Procedimiento Penal. Se le recordó al imputado que su asistencia es obligatoria y que, en caso de una nueva inasistencia injustificada, el tribunal se encuentra facultado para despachar una orden de detención en su contra.
Asimismo, Bravo Cruz deberá mantener un domicilio vigente ante el tribunal para asegurar la validez de las notificaciones en una causa que busca determinar las responsabilidades penales en una de las administraciones municipales más cuestionadas de los últimos años en la zona.
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