En un nuevo y complejo capítulo de la pugna entre el comercio local y la administración municipal, los locatarios de la feria libre del sector Manso de Velasco han decidido llevar su reclamo ante la justicia. Mediante un recurso de protección interpuesto ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, los comerciantes buscan frenar las intenciones de la Municipalidad de San Fernando de poner fin a más de cinco décadas de tradición en su actual ubicación.
La ofensiva judicial, encabezada por el abogado Julio Hernán Peralta Espíndola, apunta directamente contra la decisión del alcalde Pablo Silva Pérez. El objetivo es claro: dejar sin efecto el traslado de este histórico centro de abastecimiento hacia el sector de El Trapiche, una medida que los afectados consideran un golpe arbitrario a su patrimonio.
Un traslado sin documentos
El punto de quiebre ocurrió el pasado 12 de marzo de 2026. En una reunión que los dirigentes gremiales califican de unilateral, la autoridad comunal comunicó de forma verbal que la mudanza era definitiva. Sin embargo, los feriantes denuncian una alarmante falta de formalidad: no existe un decreto oficial ni un procedimiento administrativo regular que sustente la medida. Según los feriantes, la planificación se ha gestionado de manera informal, inicialmente a través de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas.
Para los comerciantes, la determinación es «ilegal y arbitraria». Sostienen que el municipio no ha presentado antecedentes técnicos, estudios de impacto vial ni evaluaciones económicas que justifiquen el abandono de un espacio ya consolidado y reconocido por ordenanzas municipales previas.
Inversión pública bajo la lupa
Pese a la ausencia de una resolución formal, el recurso detalla que la municipalidad ya ha avanzado en el terreno de los hechos. Entre los actos materiales que confirmarían la inminencia del traslado, destacan:
- El arriendo de un predio en El Trapiche, con un costo estimado de $6.000.000 mensuales.
- La licitación de obras para el cierre perimetral y la habilitación del nuevo recinto.
Los feriantes advierten que el nuevo sitio carece de la conectividad necesaria, lo que pone en riesgo el sustento de cientos de familias. Asimismo, acusan un trato desigual: mientras a los locatarios establecidos se les impone una reubicación forzosa, denuncian una «omisión de fiscalización» frente al comercio informal o «coleros» que proliferan en los alrededores de la feria actual.
La batalla por las garantías constitucionales
El recurso invoca la vulneración de derechos fundamentales, tales como la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad sobre sus patentes y la clientela que han cultivado por medio siglo.
Como medida de urgencia, se ha solicitado una orden de no innovar. Con esta cautelar, los recurrentes esperan que la justicia ordene al municipio abstenerse de cualquier acción —incluyendo la reasignación de puestos o el avance de obras en El Trapiche— hasta que se resuelva el fondo de la controversia.
Por lo pronto, la Corte de Apelaciones acogió a trámite el recurso, y solicitó a la Municipalidad de San Fernando remitir el expediente administrativo completo, informes técnicos y contratos de arriendo que den sustento a esta cuestionada política de reubicación.
Sin respuesta
Este medio tomó contacto con el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Municipalidad de San Fernando para conocer su postura; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al recurso de protección interpuesto.
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