En la Municipalidad de Placilla, la transparencia parece haber quedado en un segundo plano durante los últimos años. Según un informe emitido el 14 de abril de 2026 por la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, se ha detectado una grave falta de cumplimiento en la Ley N° 20.730 (Ley del Lobby) por parte de dos figuras del concejo municipal, que a pesar de sus múltiples capacitaciones omitieron sus registros de viajes.
Todo comenzó con una denuncia bajo reserva de identidad, que alertaba sobre una situación irregular: los concejales Daniela Díaz Arias y Bastián Palominos Dinamarca no habían registrado sus viajes costeados con presupuesto municipal desde el año 2021. Tras una exhaustiva fiscalización en terreno realizada el 6 de abril de 2026, el equipo de la Contraloría confirmó las sospechas al descubrir que el sitio web municipal solo permitía solicitar audiencias, pero carecía de acceso a los registros obligatorios de viajes, audiencias y donativos.
Cifras que no aparecen en el registro
A pesar de que los registros oficiales en la plataforma de la Ley del Lobby estaban vacíos, la realidad contable de la municipalidad contaba una historia distinta. Se verificó que ambos concejales utilizaron recursos públicos para diversos cometidos:
- Daniela Paz Díaz Arias: Acumuló un gasto total de $5.418.005 entre el año 2021 y 2026. Sus viajes incluyeron capacitaciones en Santiago, jornadas de trabajo en Navidad y Pichilemu, escuelas de verano en La Serena, Puerto Varas y Arica, además de seminarios internacionales.
- Bastián Giovanni Palominos Dinamarca: Registró un gasto de $1.768.733. Entre sus actividades no informadas se encuentran cursos en Santiago, jornadas en el Consejo Regional de O’Higgins, escuelas de verano en La Serena y capacitaciones en Santa Cruz y Chillán.
El peso de la ley
La normativa es clara: los concejales, como sujetos pasivos, están obligados a publicar el destino, objeto, costo total y financiamiento de sus viajes realizados en el ejercicio de sus funciones. La omisión de esta información no es un error menor, ya que la ley busca fortalecer la probidad y transparencia en la administración pública.
La Contraloría ha calificado esta falta como una infracción a los deberes legales y ha anunciado las siguientes medidas:
Procedimiento Sancionatorio: Se iniciará un proceso contra los concejales involucrados, quienes podrían enfrentar multas de 20 a 50 unidades tributarias mensuales (UTM) es decir desde 1 millón 500 mil pesos a los 3 millones 500 mil por la omisión inexcusable de información.
La alcaldía tiene un plazo de 60 días hábiles para actualizar su plataforma de Ley del Lobby y remitir la documentación que acredite el cumplimiento de esta instrucción.
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