El proyecto sanitario de Puente Negro se encuentra en una etapa crucial que combina avances administrativos significativos con una serie de riesgos técnicos y económicos que mantienen en alerta a la comunidad. Luis Orellana, ingeniero civil y vecino de la localidad, analiza el escenario actual marcando tanto los hitos logrados como las preocupaciones que podrían afectar la nueva licitación.
Expropiación y las servidumbres
Uno de los mayores obstáculos para el proyecto ha sido la regularización de los terrenos por donde pasará la infraestructura. Según Orellana, el proceso ha dado un paso fundamental tras la publicación oficial de la expropiación de la franja necesaria. «Salió publicada en el Diario Oficial sobre la expropiación de Puente Negro de la franja que son alrededor de 6 metros de ancho (…) ese proceso de expropiación ya estaría terminado», explicó el profesional.
Este avance permite que la Municipalidad de San Fernando reingrese la documentación al Gobierno Regional para que el Consejo Regional (CORE) someta a votación el financiamiento adicional. Actualmente, el proyecto requiere una inyección de recursos considerable: de los 9.000 millones de pesos originales, el presupuesto ha escalado a los 16.300 millones de pesos para poder complementar las obras restantes.
La incertidumbre del presupuesto y el «bencinazo»
A pesar de tener el camino administrativo más despejado, Orellana advierte sobre el impacto de la inflación en los costos de construcción. El presupuesto de 16.300 millones se calculó a fines del año pasado, previo al aumento sostenido en el precio de los combustibles.
«Los insumos más importantes de todo lo que es maquinaria pesada y camiones es neumático, aceites y petróleo. Esos tres insumos son los que han tenido una fuerte variación de precio», señaló el ingeniero, sugiriendo que los valores actuales podrían superar lo presupuestado. El riesgo principal es que, de no estar ajustado a la realidad de hoy, la licitación podría quedar desierta por falta de oferentes.
El factor judicial: la sombra de Montec
La historia del proyecto está marcada por el término anticipado del contrato con la empresa anterior, Montec, lo que ha derivado en demandas cruzadas millonarias: la municipalidad exige 11.000 millones de pesos, mientras que la empresa demanda 7.000 millones. Aunque Orellana aclara que el carril judicial no debería interferir directamente con el financiamiento de la obra nueva, existe el peligro de que se soliciten peritajes judiciales en el terreno.
«No se podría iniciar la obra si es que eso no está resuelto. Esperamos que hasta este momento la empresa constructora no ha hecho eso (…) estamos con los dedos cruzados para que eso no suceda», confesó Orellana, subrayando que cualquier revisión técnica ordenada por tribunales retrasaría el inicio de las faenas.
Garantías para una nueva licitación
Para que el proyecto llegue a buen puerto, la municipalidad debe asegurar que los proyectos de agua potable, alcantarillado y pavimentación cuenten con todas las aprobaciones de organismos como Essbio y Serviu. La comunidad de Puente Negro ha sido enfática en que no desean iniciar obras que queden paralizadas a mitad de camino.
«Una empresa constructora se interesa en hacer esta obra, se va a preocupar bastante de que esté todo resuelto (…) las empresas constructoras quieren construir, no quieren licitar un problema», sentenció Orellana. Si se cumplen los plazos administrativos y no surgen contratiempos judiciales, se estima que el proceso de licitación y adjudicación podría tardar entre tres y cuatro meses antes de ver máquinas trabajando nuevamente en la zona.
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