Durante décadas, en Chile se instaló la idea de que ampliar el tamaño del Estado era sinónimo de avanzar en justicia social. Bajo esa lógica, se crearon programas, servicios, oficinas, fondos y estructuras administrativas que crecieron año tras año, muchas veces sin una evaluación seria respecto de sus resultados reales. El problema nunca ha sido ayudar a las personas más vulnerables; el verdadero problema ha sido la incapacidad de muchos gobiernos para asegurar que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.
Durante el actual gobierno,se planteó con claridad la necesidad de recuperar el orden fiscal del país. Este trabajo ha sido liderado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quién ha impulsado una política de responsabilidad financiera orientada a coordinar las distintas reparticiones del Estado y a utilizar de manera eficiente cada uno de los recursos contemplados en los presupuestos públicos.
Es importante señalar que el propósito de este ajuste fiscal no es eliminar derechos sociales ni abandonar a las familias chilenas. Muy por el contrario, el objetivo es fortalecer las ayudas sociales mediante un uso más eficiente y transparente de los recursos del Estado. Durante años, miles de millones de pesos fueron destinados a programas que, en la práctica, terminaron convertidos en estructuras burocráticas incapaces de demostrar un impacto real en la calidad de vida de las personas.
Un ejemplo de aquello es el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). Diversos cuestionamientos se han levantado respecto de su funcionamiento y del uso de sus recursos. Resulta difícil justificar instituciones donde una parte importante del presupuesto termina destinada al pago de sueldos y gastos administrativos, mientras los beneficios directos hacia los jóvenes son mínimos o poco visibles. Cuando el gasto operacional supera ampliamente el impacto social, es evidente que existe un problema de eficiencia que debe corregirse.
Sin embargo, desde el inicio de este proceso, la oposición encabezada por sectores de izquierda, el Partido Comunista y el Frente Amplio, ha adoptado una postura profundamente obstruccionista. En lugar de participar con propuestas serias y técnicas para mejorar el funcionamiento del Estado, han optado por instalar discursos alarmistas que buscan generar temor en la población, afirmando irresponsablemente que existiría un intento por eliminar derechos sociales.
La política debe tener más seriedad.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas