La Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) consignada en la Ley 20.880, más que una señal de desconfianza, es una herramienta de protección para los servidores públicos y la salud democrática, ya que, tal como revisamos en la edición del jueves pasado en El Tipógrafo, el 73,7% de los seremis de la región no registra información disponible en el portal de InfoProbidad, situación que al cierre de esta edición aún se mantiene, y que ahora añade a las delegaciones presidenciales provinciales al escrutinio.
No se trata de una falta de voluntad de las autoridades, sino de un posible desfase en el sistema InfoProbidad que mantiene fuera del acceso público los patrimonios de quienes hoy ejercen el poder territorial, esta vez en Colchagua y Cardenal Caro.
Probidad en las delegaciones presidenciales
En la cúspide regional, la delegada presidencial Susana Pinto cumplió con la publicación visible. Tras su designación el 11 de marzo como la representante máxima del Ejecutivo en la región, completó el mandato legal de transparentar su situación patrimonial dentro del plazo que exige la norma. Su declaración, hoy visible para toda la ciudadanía, revela un perfil marcado por su faceta empresarial.
La jefa regional informó su participación como controladora en las sociedades Coffe Limitada y Punto Libro Limitada, donde posee un 33,33% en cada una, además de una propiedad en Rancagua y un vehículo del año 2017. Destaca además en su reporte la ausencia de deudas, un dato poco frecuente para autoridades de su rango.
Sin embargo, hacia las provincias el panorama se vuelve opaco. Patricio Arenas Román, representante en Cardenal Caro y designado el 17 de marzo, cuenta con un comprobante de recepción de la Contraloría (ID 1740349) fechado el 13 de abril. No obstante, aunque el funcionario realizó el envío, su declaración 2026 sigue sin ser publicada, situación que impide conocer si su patrimonio ha experimentado cambios desde agosto de 2025, cuando como candidato a diputado solo consignaba una camioneta de 6 millones de pesos, sin registrar propiedades ni sociedades.
En Colchagua, el escenario es de cumplimiento, pero invisibilidad absoluta. Mauricio Donoso Pavez señaló que su declaración fue enviada el 27 de marzo, a diez días de su asunción. Desde su equipo sostienen que el retraso es un fenómeno nacional que afecta a los delegados provinciales. Para Donoso, el requerimiento responde a una clara exigencia presidencial. “La probidad para las autoridades es un estándar mínimo para el ejercicio de la función pública, así nos lo ha mandatado el Presidente de la República, José Antonio Kast”, señaló el delegado.
A pesar de su disposición, la plataforma aún no permite que los vecinos verifiquen la información proporcionada hace ya varias semanas. “En ese orden de cosas, espero que el portal actualice en la brevedad la información que proporcioné el día 27 de marzo, tras la asunción de mi cargo”, sostuvo el delegado.
En este escenario, recursos como las plataformas de probidad y transparencia se vuelven críticos ante casos como el cuestionamiento a la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, por una presunta omisión de datos en su DIP, y que ha sido ampliamente difundido por la prensa nacional.
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