La Superintendencia de Educación confirmó la apertura de una investigación en contra del Colegio Marista de Rancagua (Instituto O’Higgins), luego de recibir una denuncia formal de un miembro de la comunidad educativa por presuntos hechos de connotación sexual al interior del establecimiento.
La acción fiscalizadora surge tras la escalada de los efectos de una denuncia en redes sociales liderada por alumnas de tercero y cuarto medio, donde declaran públicamente la existencia de una red de almacenamiento, intercambio y venta de contenido sexual de carácter infantil que operaba entre alumnos del propio recinto.
La intervención del órgano fiscalizador, ratificada mediante un comunicado oficial emitido este viernes 10 de julio, busca determinar de manera estricta la trazabilidad administrativa adoptada por la dirección del colegio.
El foco de las indagación estará centrado en verificar si el establecimiento cumplió con la obligación legal de denunciar los hechos ante las autoridades dentro del plazo perentorio de 24 horas desde que se tuvo conocimiento del caso, así como evaluar la idoneidad de las medidas de resguardo implementadas para proteger a las víctimas.
De acuerdo con los antecedentes recopilados a través de las declaraciones directas de las estudiantes de enseñanza media, los hechos constitutivos de delito —consistentes en la difusión y comercialización de imágenes y videos íntimos de las propias alumnas— se habrían estado registrando al interior del establecimiento desde hace a lo menos un año. No obstante, la situación comenzó a ser de conocimiento de la comunidad escolar hace aproximadamente un mes, fecha en que la rectoría emitió una primera circular informativa dirigida a los padres y apoderados.
«Bueno, hace un mes el colegio mandó un comunicado a los apoderados explicando que sucedía esto dentro del colegio, que iban a tomar las medidas y al parecer las medidas fueron iniciar una investigación, recolectar antecedentes para luego hacer la denuncia en el Ministerio Público», declararon las alumnas.
Esta brecha temporal arroja una sombra sobre la declaración pública emitida ayer por el colegio. La normativa jurídica chilena, a través de los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, mandata de forma taxativa a los directores, inspectores y profesores de cualquier establecimiento educacional a denunciar ante las policías o fiscalía cualquier delito que afecte a los estudiantes dentro de las 24 horas siguientes al momento en que toman conocimiento de este.
En exclusiva, las autoras de la denuncia señalaron a El Tipógrafo que, tras detectarse el caso a nivel directivo, la institución optó inicialmente por retener los antecedentes con el objeto de iniciar una recopilación interna de información antes de judicializar las vulneraciones.
Las estudiantes explicaron que hace un mes el colegio mandó un comunicado a los apoderados detallando la situación, pero las acciones se limitaron a iniciar una investigación y recolectar antecedentes para luego hacer la denuncia en el Ministerio Público. Administrativamente, este proceder podría constituir una infracción grave, puesto que los protocolos vigentes impiden a los sostenedores postergar el aviso a las autoridades para ejecutar indagatorias autónomas que puedan alterar la cadena de custodia de la evidencia digital.
Así, el detonante que llevó a las estudiantes de tercero y cuarto medio a romper el silencio fue la insuficiencia de las medidas precautorias adoptadas por la dirección, encabezada por el rector Claudio Castillo Faúndez.
Las alumnas calificaron como inaceptable que los estudiantes sindicados como responsables de la red continuaran asistiendo regularmente a clases y compartiendo espacios comunes dentro del recinto. La vocera del movimiento fustigó que los acusados de estos graves hechos siguieran estando en las salas de clase, patios y pasillos, obligando a las víctimas a venir al colegio y verles la cara día a día, afectando su seguridad y salud mental. «Nosotras pedimos que las víctimas tengan alguna solución ahora y que no tengan que seguir viviendo con su victimario«, sentencian.
A pesar de que la dirección del Instituto O’Higgins informó la aplicación de suspensiones preventivas a un número acotado de alumnos durante las últimas jornadas, las estudiantes manifestaron que la respuesta formal de la rectoría en las asambleas de patio estuvo orientada a defender el debido proceso penal, descuidando el resguardo inmediato de las afectadas dentro del recinto.
La posición de la comunidad estudiantil movilizada es el cese total de la vinculación de los presuntos implicados, exigiendo que los expulsen del colegio y se apliquen las sanciones justas: “Nuestra idea es que a ellos los echen del colegio, se apliquen las sanciones justas porque encontramos que las víctimas no merecen ni por su libertad ni por su dignidad seguir compartiendo con ellos en el establecimiento.”
Frente a las diversas versiones surgidas en plataformas digitales y medios locales respecto a las características de la red, las propias estudiantes clarificaron el alcance real de la situación basándose en los antecedentes que han podido manejar de forma directa en las mesas de diálogo con la contraparte técnica del recinto.
En primer lugar, se descartó explícitamente la participación de profesores, administrativos, auxiliares o terceras personas en calidad de autores o facilitadores. Asimismo, se desmintieron los rumores que apuntaban a la afectación de menores pertenecientes a la sección inicial, de niveles como Playgroup o nivel básico, precisando que el universo de alumnas vulneradas se focaliza estrictamente entre los niveles desde séptimo año básico a cuarto año medio.
Finalmente, las alumnas confirmaron que el material digital no se restringe de forma exclusiva a las alumnas del Instituto O’Higgins, sino que da cuenta de la existencia de subgrupos de mensajería donde se transaba material visual de adolescentes pertenecientes a diversos colegios de la comuna de Rancagua.
Este viernes, el Ministerio Público y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se constituyeron en el establecimiento ubicado en el centro de Rancagua, sin emitir declaraciones a la prensa, aunque según trascendidos ya se iniciaron las pesquisas técnico-policiales de dispositivos móviles y cuentas de almacenamiento digital de los alumnos sindicados, bajo un estricto resguardo de las cadena de custodia debido a las normas de protección de derechos de menores de edad involucrados.
Por su parte, y hasta el cierre de esta nota, el Centro de Padres y Apoderados de la institución declinó realizar comentarios, aunque gran número de apoderados declararon fuera de micrófono que sólo se enteraron del caso por la prensa, en un caso que remece a la región y al país.
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