En una nueva demostración de cómo transformar una deuda manejable en un dolor de cabeza millonario para las arcas públicas, el Primer Juzgado de Cobranza Laboral de San Fernando dictó una resolución que pone nuevamente en entredicho a la administración del alcalde de la capital de Colchagua, Pablo Silva Pérez. Tras años de litigio y con una conmovedora constancia para ignorar las obligaciones legales, el tribunal finalmente decidió hacer efectivo un apercibimiento de multa contra la entidad edilicia.
La historia tomó vuelo luego de que el abogado de la parte ejecutante, Leonel Cajas Silva, denunciara la persistente inclinación municipal por el desacato. Según los registros presentados ante el juez, el último «esfuerzo» económico del municipio ocurrió en un lejano abril de 2024. Desde entonces, la administración comunal decidió inaugurar un apagón de pagos de más de dos años, tratando las liquidaciones vigentes con la misma relevancia que un folleto publicitario.
Una deuda fuera de control
Si algo ha demostrado la gestión de Silva Pérez en el caso “González / I. Municipalidad De San Fernando”, es una notable capacidad para ver crecer los números, aunque desafortunadamente en la columna de los pasivos. Lo que comenzó como un monto modesto terminó convirtiéndose en una bola de nieve inflada por los propios retrasos municipales:
- 30-04-2024: $8.213.214.
- 30-05-2025: $30.801.241.
- 24-09-2025: $39.232.163.
- 15-05-2026: $59.497.828.
En poco más de dos años, una deuda de poco más de 8 millones de pesos escaló sustancialmente hasta rozar los 60 millones. Todo un hito financiero impulsado por la pura inacción. Ante semejante despliegue de rebeldía institucional, la defensa de los trabajadores decidió elevar la apuesta y solicitó formalmente la medida que cualquier autoridad busca evitar: el arresto del alcalde.
El «castigo» judicial
El pasado 5 de agosto de 2026, el tribunal decidió hacer un llamado de atención a la autoridad y le aplicó una multa de una Unidad Tributaria Mensual (UTM), echando mano al artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Una sanción que pretende, al menos en teoría, recordar al jefe comunal que los fallos judiciales son para cumplirlos y no para coleccionarlos.
Junto al cobro, el juez fijó un plazo perentorio de 15 días hábiles para que la Municipalidad de San Fernando acredite el pago total de la demanda. El ultimátum es claro: si la administración insiste en su postura de oídos sordos, el tribunal volverá a sancionar, abriendo la puerta a nuevas multas o a la no muy ostentosa posibilidad de que el alcalde deba pernoctar bajo arresto.
La notificación deberá ser entregada de manera personal o por cédula al propio Silva Pérez. Así, al menos, la justicia se asegurará de que la máxima autoridad comunal no pueda alegar sorpresa cuando la cuenta de la indiferencia institucional vuelva a pasarle factura.
Municipio no responde
A fin de obtener una versión del municipio sanfernandino sobre esta causa tramitada en Tribunal de Cobranza, se solicitó información pero hasta el cierre de la presente edición la versión municipal no llegó.
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