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Sebastián Cristoffanini destaca aprobación de proyecto que entrega mayor certeza jurídica a agricultores sobre sus derechos de agua


La iniciativa fue aprobada por el Congreso y quedó lista para convertirse en ley, extendiendo hasta 2032 el plazo para la regularización e inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas.

JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
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Publicado por

Rodolfo Vidal



El proyecto de ley que busca facilitar y agilizar la regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas fue aprobado por el Congreso Nacional y quedó listo para convertirse en ley, iniciativa que fue valorada por el Diputado Sebastián Cristoffanini por su impacto directo en las zonas agrícolas.

Uno de los principales aspectos de esta iniciativa es que extiende hasta el año 2032 el plazo para regularizar e inscribir los derechos de aprovechamiento de aguas, entregando más tiempo y certeza a los agricultores y usuarios que aún tienen pendiente este proceso.

Cristoffanini destacó que esta aprobación representa un avance concreto para miles de agricultores que necesitan contar con certeza jurídica sobre sus derechos de agua para poder desarrollar sus actividades productivas.

“Para quienes representamos distritos agrícolas, regularizar un derecho de aprovechamiento de aguas no es simplemente cumplir un trámite administrativo; es entregar certeza jurídica a quienes necesitan del agua para trabajar, producir y sostener a sus familias”, señaló.

Asimismo, relevó la importancia de esta iniciativa para las comunas agrícolas de la Región de O’Higgins, donde el acceso y la seguridad jurídica respecto del recurso hídrico son fundamentales para la actividad productiva y el desarrollo de las familias rurales.

“Este proyecto responde a una necesidad muy concreta de nuestros agricultores. La extensión del plazo hasta 2032 les permitirá contar con más tiempo para avanzar en la regularización e inscripción de sus derechos de agua y así seguir trabajando con mayor tranquilidad y certeza”, agregó.

Con su aprobación en ambas cámaras, el proyecto queda despachado del Congreso y listo para convertirse en ley, marcando un nuevo avance en materia de seguridad jurídica para los usuarios de aguas y, especialmente, para quienes requieren regularizar sus derechos para continuar desarrollando sus actividades productivas.


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