El diputado Fernando Zamorano ofició al Ministerio de Minería y a Sernageomin para solicitar antecedentes sobre el accidente ocurrido el 11 de octubre en la División El Teniente, donde fallecieron dos trabajadores de una empresa subcontratista.
El parlamentario pidió aclarar bajo qué condiciones se autorizó el ingreso de los trabajadores a un sector cuyas operaciones se encontraban suspendidas, qué evaluaciones de riesgo se realizaron y cuáles eran los protocolos de seguridad aplicables.
“Hay dos trabajadores que salieron a cumplir con sus funciones y no volvieron a sus hogares. Tenemos que acompañar a sus familias, pero también esclarecer qué ocurrió y si existían todas las condiciones para realizar esas labores con seguridad”, señaló Zamorano.
El oficio solicita además conocer las fiscalizaciones realizadas por Sernageomin durante 2025 y 2026, el cumplimiento de las medidas correctivas exigidas después del accidente de julio de 2025 y los mecanismos de coordinación en materia de seguridad entre Codelco y sus empresas contratistas y subcontratistas.
Junto con esta gestión, Zamorano se contactó con el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, diputado Cristián Tapia, para solicitarle que la instancia cite al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con el objetivo de que informe las medidas adoptadas por el Ejecutivo tras el accidente y las acciones que se impulsarán para reforzar la prevención y fiscalización.
Zamorano, médico de profesión y proveniente de una familia minera, sostuvo que la prevención debe mantenerse como una prioridad permanente en una actividad de alta complejidad.
“En una región minera como O’Higgins sabemos lo que significa que una familia espere que un trabajador vuelva bien después de cada turno. Como médico, sé que anticiparse a los riesgos puede marcar la diferencia. La seguridad no puede depender de si un trabajador es de planta, contratista o subcontratista”, afirmó.
El diputado también pidió al Ejecutivo aclarar si los recursos contemplados para Sernageomin en el Presupuesto 2027 permitirán mantener la dotación de fiscalizadores, las inspecciones en terreno y la supervisión de las faenas.
“Podemos discutir cómo usar mejor los recursos públicos, pero la seguridad de los trabajadores no puede transformarse en una variable de ajuste. Queremos saber qué medidas se están tomando hoy y también tener la certeza de que el Estado contará con las herramientas necesarias para prevenir nuevos accidentes”, concluyó.
