Fue en el mes de agosto, mediante cadena nacional, que el presidente José Antonio Kast, anunció el ingreso al Congreso de una ambiciosa reforma constitucional en materia de seguridad. A poco más de 50 días de ese hecho, el mismo Ejecutivo decidió retirarla.
Esto se explica por el escaso apoyo político que obtuvo y las críticas políticas transversales, siendo uno de los puntos más cuestionados las amplias atribuciones que le entregaba al presidente de la República que podía decretar estado de excepción por un total de 240 días, antes de pasar por el Congreso.
Tras desistir de la iniciativa, el Ejecutivo entregó el apoyo a la reforma constitucional en seguridad impulsada por un grupo transversal de senadores (Arturo Squella, Andrés Longton, Pedro Araya, Karim Bianchi e Iván Flores) presentada durante la tarde del pasado miércoles.
Esta se encuentra basada en tres ejes centrales: Crimen Organizado con rango constitucional y, en materias específicas, equiparar su combate al del delito de terrorismo; generar una segregación penitenciaria en relación a la peligrosidad de los internos; y modificación al actual estado de emergencia, agregando que sea invocado o aplicado de manera preventiva ante un “peligro grave e inminente” para la seguridad y el orden público.
El senador de O’Higgins, Juan Luis Castro fue crítico con esta nueva propuesta afirmando que “reconstitucionalizar de nuevo el combate al crimen organizado, al delito, no es una buena idea, porque todas las materias que introduce este proyecto de ley podrían estar en leyes simples, todas”.
Castro, continúa en la línea de lo ‘problemático’ que podría resultar que el combate al delito se consagre en la Carta Magna. “Quién garantiza que si llegan más carabineros fallecidos en el futuro ¿Le vamos a echar la culpa a la Constitución? Porque fue la Constitución el buque insigne que va a resolver casi milagrosamente los problemas del combate al delito”,
“O sea, creo que ahí se está jugando con una expectativa, que es imposible que lo cumpla esta reforma cuando hay graves problemas de manejo, gestión, sobre todo, y financiamiento de los recursos de la policía”, sostuvo.
Por su parte, el senador Javier Macaya, aseguró en primer lugar que: “En materia de seguridad, da exactamente lo mismo quién firme un proyecto, si el Gobierno o los parlamentarios, si viene de la izquierda o de la derecha”.
Colocando el foco en que “esto no puede transformarse en una disputa de autorías ni de orgullos políticos. Lo que importa es que las propuestas se traduzcan en herramientas concretas para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad y proteger a las familias chilenas. La ciudadanía no nos pide protagonismo, nos exige resultados”.
En una línea similar la senadora Alejandra Sepúlveda, “valoró” que el gobierno haya retirado el proyecto de ley ya que, “la verdad es que ninguno de los sectores políticos, incluso los de gobierno, no aceptaban las características del estado de excepción. Y valoramos, primero, el diálogo que se ha producido con la oposición”.
Sepúlveda, calificó como “una línea roja”, el contenido de la antigua reforma en relación al estado de excepción y los 240 días.
“Por otro lado, la segmentación de las cárceles nos parece que corresponde, el control parlamentario que para nosotros era vital, y el incorporar en la Constitución el crimen organizado también es algo que nos parece bien poder retomar”, sostuvo, agregando eso si que «esperamos ver todo esto en un articulado con el detalle que corresponde».
