La propuesta presupuestaria contempla una reducción cercana al 15% real de los recursos destinados a esta política, que permite financiar diagnósticos y tratamientos de alto costo para enfermedades que, en muchos casos, requieren una atención permanente y medicamentos que las familias difícilmente podrían costear por cuenta propia.
“Como médico, me cuesta entender que frente a enfermedades graves y tratamientos de alto costo la respuesta sea reducir los recursos disponibles. Se puede señalar que los pacientes seguirán cubiertos, pero si hay menos presupuesto y las necesidades se mantienen o aumentan, existe un riesgo evidente de que esa cobertura no sea la misma en la práctica”, señaló Zamorano.
El parlamentario agregó que en este tipo de patologías el tiempo también forma parte del tratamiento y que una eventual postergación en la entrega de medicamentos o prestaciones no puede considerarse una situación menor.
“No estamos hablando de una prestación que pueda esperar uno o dos meses sin consecuencias. En enfermedades oncológicas, autoinmunes o de alta complejidad, atrasar un tratamiento puede tener un impacto directo en la salud de una persona. Por eso no basta con decir que los medicamentos están garantizados en el papel; necesitamos tener la certeza de que estarán disponibles cuando el paciente los necesite”, afirmó.
A la preocupación se sumó la concejala de Doñihue y presidenta de la Comisión de Salud del Concejo Municipal, Katherine Aros, quien puso el énfasis en el impacto que una eventual disminución de cobertura puede tener en las familias de las comunas de la región.
“Desde las comunas vemos de cerca lo que significa para una familia enfrentar una enfermedad grave y tener que depender de tratamientos de alto costo. Por eso preocupa que se reduzcan los recursos de la Ley Ricarte Soto. No podemos permitir que una rebaja presupuestaria termine traduciéndose en atrasos, incertidumbre o menor cobertura para quienes necesitan atención oportuna. Si el Gobierno asegura que ningún paciente se verá afectado, entonces debe garantizarlo también con los recursos necesarios”, sostuvo Aros.
Zamorano sostuvo que durante la discusión del Presupuesto 2027 solicitará al Ministerio de Salud explicar cómo pretende mantener la actual cobertura de la Ley Ricarte Soto con menores recursos y planteará revisar la rebaja propuesta.
“Si el compromiso es que ningún paciente pierda cobertura, entonces ese compromiso tiene que verse reflejado también en el presupuesto. La salud de las personas no puede depender de que los recursos alcancen o no a mitad de año”, concluyó.
