En una jornada marcada por profundos debates sobre la ética pública, la probidad administrativa y la responsabilidad institucional, la trigesima segunda sesión del Concejo Municipal de San Fernando, realizada este martes se abordó de manera extraordinaria la situación que afecta a la concejal Paz Belén Rodríguez. Tras la intervención de los distintos integrantes del cuerpo colegiado y de la máxima autoridad comunal, el Concejo adoptó como acuerdo formal instruir el envío de la totalidad de los antecedentes del caso al Tribunal Electoral Regional (TER) para que sea dicha instancia judicial e independiente la que determine las responsabilidades legales y administrativas correspondientes.
El concejal Matías Álvarez, fue quien por su condición de presidente de la Comisión de Fiscalización, asumió la representación del cuerpo colegiado para requerir una postura e información oficial frente a los hechos de conocimiento público que involucran a la concejala Paz Belén Rodríguez.
Durante su intervención, el concejal Álvarez expuso la incomodidad manifestada por la ciudadanía en la vía pública ante la falta de certezas y advirtió sobre las repercusiones operativas en la gestión municipal, señalando que la ausencia de la concejala afecta directamente el quórum necesario para el funcionamiento de las comisiones y del pleno. Asimismo, enfatizó que la dignidad de «honorable» que acompaña al Concejo Municipal impone la obligación de dar señales claras a los vecinos en defensa de la conducta intachable, la probidad y el estricto respeto al debido proceso.
Probidad y Confianza Pública
Los distintos ediles hicieron uso de la palabra para manifestar su postura frente a los hechos, coincidiendo en la urgencia de resguardar la institucionalidad municipal y la confianza de los electores, la concejal Marta Cádiz, en su intervención hizo referencia al comunicado público emitido previamente por los integrantes del Concejo, en cuyo punto segundo se rechazó y condenó categóricamente cualquier acto contrario a la probidad, la ética y la moral administrativa. Destacó además que existen antecedentes en un parte de Carabineros y procedimientos administrativos en curso, ratificando la voluntad del cuerpo de concejales de ejercer todas las atribuciones legales para proteger la honorabilidad de la corporación.
En tanto el concejal Juan Muñoz, recordó el juramento de probidad prestado al asumir el cargo y subrayó que frente a situaciones que comprometen la confianza en la función pública, las autoridades tienen el deber de actuar con rigurosidad y llevar los procedimientos hasta las últimas consecuencias.
Por su parte el concejal Cristian Calderon, se refirió al impacto del caso en la imagen comunal fuera de la localidad, relatando haber recibido consultas de dirigentes y autoridades de otras ciudades. Enfatizó que el rol de edil exige mantener una conducta ejemplar que responda a la confianza depositada por los vecinos en las urnas.
Finalmente la concejal María José Alemán, reconoció la complejidad personal, familiar y afectiva de la situación respecto de una colega de trabajo, pero remarcó que la evaluación de responsabilidades y la permanencia en el cargo debe ser resuelta de manera imparcial por el tribunal competente.
Deliberación de la alcaldía y la alternativa institucional
El presidente del Concejo Municipal coincidió con los ediles en la incomodidad de la situación, expresando solidaridad con el entorno familiar de la afectada y recordando que las responsabilidades son de carácter individual. No obstante, remarcó que el órgano municipal no puede permanecer inactivo ante hechos de esta trascendencia.
Durante el análisis, el alcalde estableció un parangón con otros escenarios administrativos complejos, como las investigaciones sobre licencias médicas en el sector público, indicando que ante este tipo de contingencias existen principalmente dos cursos de acción: la renuncia voluntaria de la autoridad afectada para evitar procesos de destitución, o la remisión de los antecedentes al Tribunal Electoral Regional.
Dado que no se ha presentado una renuncia y recogiendo el planteamiento de recurrir a un organismo independiente donde la concejala pueda ejercer su derecho a defensa bajo un debido proceso, el alcalde propuso someter a votación del pleno la remisión formal del caso al TER.
«Creo que al igual que ustedes no podemos permanecer inmóviles ante una situación de este tipo… El Tribunal Electoral Regional es un ente independiente donde la concejala va a tener todo el derecho a defenderse, donde habrá un debido proceso y después nosotros como Concejo Municipal tendríamos que acatar lo que este tribunal decida”, señaló el presidente del concejo municipal.
Formalización del acuerdo municipal
Al finalizar las intervenciones, los concejales manifestaron su conformidad a mano alzada, encomendando al secretario municipal consignar formalmente la decisión en la correspondiente acta del Concejo.
