La agricultura de la región atraviesa una de sus etapas más complejas de los últimos años. A los efectos externos como el alza de los combustibles o las inestabilidades climáticas primaverales del fenómeno de El Niño, un duro revés se sumó para la Agricultura Familiar Campesina (AFC) de la zona.
En este periodo crítico, cuando los huertos de nectarines, uva de mesa, cerezas y hortalizas requieren asistencia técnica para controlar plagas, enfermedades y programar los riegos, los productores sufrieron la decisión del del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de no renovar ni prorrogar los contratos del Servicio de Asesoría Técnica (SAT) en ocho unidades operativas vencidas entre agosto y octubre de 2026.
La decisión del organismo dejó sin apoyo profesional a 534 familias de comunas como Coltauco, Doñihue, Coinco, Requínoa, Quinta de Tilcoco y Rengo, justo cuando las cosechas no admiten demoras.
La medida encendió las alarmas en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, presidida por la parlamentaria Natalia Romero, quien cuestionó la falta de oportunidad del corte administrativo: “Cuando se suspenden las asesorías de INDAP, no hablamos de un simple trámite. Hablamos de pequeños agricultores que dependen de ese acompañamiento para sostener la economía de sus familias”, apuntó la parlamentaria.
La diputada enfatizó que el campo se rige por tiempos biológicos: “Esta situación nos preocupa especialmente porque afecta los precios de los productos y porque el campo tiene sus propios tiempos y no puede esperar a que se resuelvan problemas administrativos en medio de una siembra o una cosecha”.
En respuesta a consultas de la Comisión, la dirección nacional de INDAP argumentó que la medida busca reestructurar el programa SAT para implementar un modelo más flexible y transparente, señalando hallazgos de auditorías internas e informes de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que detectaron usuarios en tramos del Registro Social de Hogares superiores al 80%, doble asesoría y falta de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
Frente a la indefensión técnica, la Comisión de Agricultura aprobó un oficio a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la suspensión y los apoyos técnicos en plena temporada productiva, amenazando no sólo la estabilidad económica de los pequeños productores sino también el abastecimiento a los mercados internos, con el consiguiente riesgo del aumento de los precios de frutas y hortalizas de temporada.
“Los pequeños productores necesitan certezas y continuidad en el apoyo que reciben. Estamos a la espera del pronunciamiento de Contraloría, porque necesitamos claridad sobre la legalidad de esta decisión. Pero mientras eso ocurre, nuestra principal preocupación es que ningún pequeño agricultor pierda una cosecha o vea comprometidos sus ingresos por quedarse sin asesoría técnica”, enfatizó Romero.
La situación se mantiene en desarrollo a la espera de nuevas licitaciones proyectadas para diciembre de 2026, mientras INDAP dispone de atenciones de emergencia en sus agencias de área locales.
