Investigación liderada por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile da cuenta de las afectaciones en salud mental, la fragmentación de redes familiares y comunitarias, y las cargas invisibles que asumen las mujeres tras eventos como incendios y sequías. El estudio entrega recomendaciones clave para el diseño de políticas públicas con enfoque territorial y de género.
Un conjunto de instituciones, incluyendo el CR2 de la Universidad de Chile, presentaron los resultados de un estudio reciente sobre movilidades climáticas que pone en evidencia cómo el cambio climático se ha convertido en un motor de desplazamiento humano en nuestro país.
La investigación «Dinámicas, costos e impactos de las movilidades climáticas en Chile: Recomendaciones estratégicas para guiar la formulación de políticas públicas» fue mandatada por el Ministerio del Medio Ambiente, implementada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Chile (FAO Chile), financiada por NDC Partnership y realizada por el CR2.
Los objetivos de la investigación fueron describir y comprender el fenómeno de las migraciones climáticas al interior del país tras la ocurrencia de eventos extremos tales como sequías e incendios forestales. El estudio piloto se enmarcó en la Macrozona Centro Sur, comprendiendo las Regiones O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. El trabajo incluyó encuestas a más de 400 hogares, talleres con participación de actores públicos, privados y comunitarios, decenas de entrevistas en profundidad y análisis económicos.
Dentro de los resultados, se evidenció que en la zona de estudio un 11,2 % de los hogares de la zona rural perdieron sus medios de subsistencia tras el megaincendio del 2017, evento que fue intensificado debido a variables climáticas como la sequía y el aumento de la temperatura. Gabriela Azócar, profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile e investigadora del CR2, comentó que los hogares afectados tienden a absorber los costos de adaptación con sus propios recursos. “Esto incrementa la fuga de jóvenes hacia centros urbanos por falta de oportunidades, la pérdida de medios de vida, y a un envejecimiento acelerado de las comunidades rurales”, señaló la especialista, quien, además, lideró la investigación.
El estudio también evidencia rupturas de vínculos familiares, pérdida de redes vecinales y aislamiento de personas mayores. “Por ejemplo, las nuevas viviendas de emergencia tras incendios son pequeñas, lo que dificulta la reunión familiar y agrava el distanciamiento emocional. Las comunidades expresaron que se genera una desorganización comunitaria”, explica Azócar. En cifras, un 34 % de las personas que tuvieron que migrar hacia otras zonas se distanciaron de sus amigos y vecinos, mientras que un 24 % perdió el contacto con sus familiares.
Esta movilidad, además, incrementó los gastos para los afectados. Un 38% de los hogares estudiados en los que se produjo movilidad de al menos uno de sus miembros (rurales y urbanos) tuvo mayores gastos en salud, educación y vivienda, y un 32% disminuyó sus ingresos, entre otros impactos económicos. Además, ante la pérdida de viviendas, empleos y medios de subsistencia, aumentó el endeudamiento de los hogares.
Uno de los impactos relevantes son las denominadas “cargas invisibles” que sobrellevan las mujeres en los procesos de movilidad. “Las mujeres asumen múltiples roles que no son reconocidos institucionalmente ni cubiertos por redes de apoyo. Estas tareas convierten en una carga emocional y física silenciosa”, aclara Azócar. Estas cargas tienen que ver con el papel de jefas de hogar, cuidadoras, y también en el liderazgo comunitario y la gestión del agua.
La investigación detectó que las personas de los territorios analizados experimentan estrés, ansiedad, miedo constante a nuevos eventos, o síntomas de trauma por la pérdida de sus hogares, medios de vida o experiencias vividas. En efecto, un 63 % de las personas manifestó ver afectada su salud mental tras una emergencia. “Hay situaciones críticas de personas mayores que quedaron solas, y personas con secuelas emocionales por haber enfrentado emergencias sin preparación ni apoyo posterior”, indica Azócar.
Recomendaciones para la política pública
El estudio entrega recomendaciones de políticas públicas respecto a las movilidades climáticas. En ese sentido, señala que es fundamental que se reconozca como un fenómeno complejo que requiere abordajes integrales. La planificación territorial debe incorporar escenarios de movilidad e inmovilidad, mientras que los sistemas de monitoreo son clave para anticipar y responder a los desplazamientos futuros.
Por otra parte, se debe generar evidencia robusta que permita diseñar intervenciones efectivas y territorialmente sensibles que respondan a las necesidades específicas de las comunidades afectadas.
“Es crucial integrar las movilidades climáticas voluntarias y las inmovilidades en el diseño de intervenciones, reconociendo la diversidad de situaciones y necesidades. El enfoque debe ser preventivo y no solo reactivo, con financiamiento sostenible para acciones a largo plazo”, sostiene Azócar.
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