La reunión de la Comisión Social y Seguridad Pública del Consejo Regional (CORE) en Puente Negro, presidida por el consejero José Ignacio González, dejó a la comunidad con una sensación de profundo agotamiento y frustración. El objetivo de la sesión era revisar los avances del esperado proyecto de alcantarillado, pero las respuestas de las autoridades no lograron disipar las dudas, evidenciando una brecha cada vez más grande entre el municipio y los vecinos.
Sonia Gajardo, presidenta de la junta de vecinos, fue contundente en su crítica. Calificó la reunión como «horrible» y «agresiva por parte del municipio», y exigió «transparencia» y «verdades» sobre el estado real de la obra.
El nudo principal del conflicto se reveló al conocerse que el proyecto, a pesar de haber sido licitado en 2023, no contaba con las Servidumbres de Paso gestionadas, un proceso vital para su aprobación y ejecución. Este detalle crucial explica el estancamiento, ya que, según lo manifestado por la administradora regional, Natalia Sánchez, en una sesión anterior, no se aprobarían recursos si las respectivas servidumbres no estaban materializadas.
Por su parte, el consejero González Pino reconoció la existencia de «dos realidades muy diferentes» entre la información oficial y las dificultades que sufre la comunidad. Lamentó la falta de un diálogo previo por parte del municipio y la confusión generada por las versiones encontradas, lo que le dejó una «sensación un poquito de amargura». Como respuesta a la persistente preocupación, el CORE se comprometió a regresar el 5 de octubre y «todas las veces que sea necesario», bajo un marco de respeto y canalización de las problemáticas.
Historias que ilustran la emergencia vecinal
La crónica no se limitó a los reclamos formales; también dio voz a los afectados, quienes compartieron con El Tipógrafo, sus dramáticas experiencias.
Guillermo Ortiz, de Bajo Vargas, relató cómo las obras de una casa sanitaria rompieron las cañerías de su hogar, provocando un «río de agua» en su patio. A pesar de las promesas del alcalde de visitarlo en junio, nunca recibió la ayuda prometida. Tuvo que costear las reparaciones por su cuenta, y el daño persistente en su patio obliga a mantener encerrado a su hijo de un año y medio. «No es animal para que esté encerrado», lamentó.
En tanto, Regina Eugenia Torrealba, de Calle Correa s/n, describió cómo su baño se encuentra «colapsado e inutilizable» desde la última lluvia. A pesar de haber sido informada de que irían a revisar su situación, nadie del municipio se ha acercado. «Son promesas, pero no van a visitar y conocer los problemas», denunció.
La versión oficial y el descontento de la comunidad
Desde la perspectiva oficial, el abogado municipal expuso avances en el proceso de expropiación de terrenos (Servidumbre de Paso) para el proyecto. Se espera que la solicitud de expropiación sea presentada en tribunales antes del 5 de agosto y que la toma material del inmueble se concrete «a más tardar, a finales de noviembre». La autoridad aseguró que cuentan con los recursos para pagar el terreno y que la licitación podría realizarse este año, siempre y cuando se obtengan las aprobaciones necesarias.
Sin embargo, para la comunidad, a través de Luis Orellana Rojas, insiste en la necesidad de «hablar con todos los documentos en la mano» y reconocer «errores» por parte de las autoridades, en lugar de culpar a empresas o servicios de salud ausentes en las reuniones. Los vecinos de Puente Negro desean que el proyecto «se haga, se termine y se termine bajo las condiciones que fue planteado», incluyendo pavimentación de calles con evacuación de aguas lluvias, alcantarillado y agua potable donde corresponda. La exigencia es clara: que el proyecto se inicie con «todo terminado» y se cumplan los plazos definidos, evitando incumplimientos históricos.
El cierre de la reunión encapsuló el sentir general. «No queremos aspirinas, queremos verdades» y «medidas de mitigación», resumió Sonia Gajardo. La tensión persiste y la comunidad espera que las promesas finalmente se transformen en acciones concretas.