En respuesta al aumento sostenido de la violencia en las aulas y entornos educativos, el Gobierno impulsó la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar publicada ayer en el Diario Oficial, que se basa en cuatro pilares estratégicos:
En primer lugar, el rol del Estado y la coordinación intersectorial que establece la obligación “de promover el buen trato y erradicar la violencia. Esto implica una coordinación permanente e integral entre el Ministerio de Educación y carteras como Salud, Interior y Justicia”.
También se considera la gestión profesional de la convivencia que exige que todos los establecimientos con aportes estatales cuenten con un coordinador de convivencia de dedicación exclusiva y jornada completa.
La ley incorpora como tercer pilar una nueva institucionalidad y el rol del Observatorio. Aquí se refuerzan las facultades de la Superintendencia para la gestión colaborativa de conflictos. El Observatorio de la Convivencia Educativa, funcionará para reportar el estado de la convivencia nacional, y entregar insumos técnicos para una política de largo plazo.
Finalmente, se incorpora la protección y bienestar docente, atendiendo a la vulnerabilidad de los trabajadores. Se actualiza la ley “para garantizar espacios laborales libres de acoso”, y ante agresiones, proporcionar asistencia jurídica y activar protocolos de prevención psicosociales.
Seremi de Educación de O’Higgins: “Sentido de urgencia”
Jorge Abarzúa, nuevo seremi de Educación, indicó el martes a El Tipógrafo que “como Ministerio de Educación, estamos enfrentando la violencia escolar con sentido de urgencia y como una prioridad. Ya hemos incorporado en el calendario escolar espacios de diálogo con las comunidades educativas, precisamente para que sostenedores y establecimientos puedan desarrollar jornadas de reflexión y abordar este desafío de manera integral”.
Además, dijo, “estamos preparando un paquete de medidas que será canalizado a la brevedad hacia los establecimientos educacionales”. A eso se suma la implementación de la Ley de Convivencia Escolar, “con lineamientos que permitan una aplicación ágil y sin trabas burocráticas”, concluyó el seremi, Jorge Abarzúa.
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