Las precipitaciones fuera de temporada y los episodios de granizo que han caído los últimos días mantienen las alarmas en la región, toda vez que la incertidumbre es el denominador común entre los expertos en clima. El escenario atípico generado por el fenómeno de El Niño mantiene a las autoridades regionales y a los agricultores en permanente evaluación de los daños en los cultivos y a pensar en medidas de contención.
Desde la seremi de Agricultura, el jefe del organismo, Carlos Valdés, confirmó que los servicios están desplegados y realizando un catastro técnico en todo el territorio, destacando la gravedad e impredecibilidad del clima actual: «Estamos frente a un cambio de clima que nunca habíamos presenciado», sostuvo Valdés, enfatizando que el granizo es la mayor amenaza para el rubro. «Nuestra agricultura es muy resiliente, es muy diversa, pero no estamos preparados para el granizo”, confesó.
Para coordinar la respuesta institucional, la autoridad confirmó el trabajo del Comité Regional para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres del Agro (CARGIR), instancia donde el INIA, INDAP y SAG trabajan en consolidar datos meteorológicos, productivos y de caídas en la exportación frutícola en comparación con el promedio de los últimos cinco años.
Paralelamente, Valdés comentó la solicitud a la Dirección General de Aguas (DGA) de un reporte sobre la reserva de nieve, ya que las precipitaciones cálidas en altura han acelerado el deshielo, sembrando dudas sobre la disponibilidad hídrica para los meses de febrero y marzo del próximo año.
El impacto en el terreno expone la violencia y la alta variabilidad del fenómeno, lo que el seremi ejemplificó al señalar que en un trayecto de solo tres kilómetros, mientras un huerto mantenía un rendimiento normal, otro vio desplomarse su cuaja esperada de 15.000 kilos por hectárea a escasos 3.000 o 4.000 kilos tras el paso de la nube de granizo.
Es la realidad que ve Rigoberto Pérez, administrador de un predio de 24 hectáreas dedicado al cultivo de cerezas. Tras la violenta granizada del 8 de octubre, la proyección inicial era de un completo desastre. «Prácticamente pensamos ese día que era pérdida absolutamente total, y a medida que ha pasado el tiempo hemos ido viendo que hay una mejora, creemos que hay un 50 o poco más de 50% de frutos salvados y un 50% de frutos dañados”, relató.
Para proteger los frutos sobrevivientes, Pérez explicó que debieron aplicar potentes programas fitosanitarios con fungicidas para neutralizar la proliferación de hongos y enfermedades de la madera causadas por la humedad.
Por otra parte, la postergación en las siembras de cultivos anuales preocupa a los miceros. En sectores como Chancón en Cachapoal —así como otros sectores de la provincia de Colchagua—, el anegamiento de los suelos ha impedido sembrar a tiempo, poniendo en riesgo el compromiso asumido por INDAP y el Gobierno Regional de concretar la siembra de 2.000 hectáreas.
En esta realidad, Valdés diferenció que los tipos de apoyo en evaluación se orienten según el perfil del agricultor: mientras la Agricultura Familiar Campesina requiere aportes directos de INDAP, los medianos y grandes productores necesitan financiamiento.
Por ello, se proyectan gestiones con el BancoEstado y la banca privada para explorar créditos blandos y renegociaciones de cara a los vencimientos del próximo año. «No tenemos una varita mágica, no vamos a poder solucionar los problemas de inmediato, pero la idea es obligarnos a trabajar mejor», concluyó la autoridad.
Desde el ámbito legislativo, la presidenta de la Comisión de Agricultura, senadora Alejandra Sepúlveda, cuestionó que el ministerio del ramo no haya decretado formalmente la Emergencia Agrícola, “había mucha conciencia de lo que ocurría, lo que podría ocurrir y lo que ocurrió, muchos agricultores me plantearon que iban a dejar de sembrar o colocar los productos que siempre realizan, uno por el efecto climático y el segundo por el efecto del alza en la bencina y el alza de los fertilizantes”.
A lo anterior, la parlamentaria señala que la incertidumbre climática se ve agravada por el alza sostenida en los costos de fertilizantes y combustibles, así como por las reducciones contempladas en la Ley de Presupuestos para INDAP —con una baja de 51.000 millones de pesos— y para la Comisión Nacional de Riego, lo que a su juicio amenaza “a la agricultura familiar campesina, aquella que nos lleva la comida a la mesa”, y que, advierte, impactará en la inflación de los alimentos.
