Un cuestionamiento transversal ha ocasionado la situación que afecta al Fondo E de las AFP, que registró pérdidas, o lo que se denomina una caída real, acumulada de 10,39% durante los primeros nueve meses de 2026.
El que se califica como fondo “más conservador” del sistema de pensiones, tiene un 10% de personas en edad de jubilarse, por lo que diversos expertos han apuntado a que no existe el tiempo para que recuperen los dineros, lo que pondría en peligro sus pensiones.
El desplome de este fondo generó que el gobierno del presidente José Antonio Kast no descarte emprender acciones legales y desde la Cámara de Diputadas y Diputados, además de oficiar a la Superintendencia, anunciaron –tras la aprobación en la Comisión de Economía- que realizará una sesión especial para abordar las pérdidas y analizar las eventuales medidas para enfrentar los efectos que tendrá en las pensiones.
“Aquí no bastan las explicaciones ni las disculpas”, afirmó la diputada del distrito 15, Natalia Romero.
“Solidarizo con los afectados, porque estamos hablando de los ahorros de toda una vida, que debían ser resguardados por un sistema que tenía la obligación de cuidarlos”, agregó.
Exigiendo que “se tienen que investigar las decisiones que se tomaron, establecer responsabilidades y exigir que quienes resulten responsables salgan inmediatamente, Pero, sobre todo, tiene que existir una compensación concreta para los afectados, con cargo al patrimonio de las AFP. Porque quienes trabajaron toda una vida para ahorrar no pueden terminar pagando las consecuencias de las malas decisiones de «expertos” que administraban sus dineros”.
En la misma línea, el diputado del distrito 16 Sebastián Cristoffanini, aseveró que “los ahorros previsionales pertenecen a los trabajadores, no a las AFP, y nadie tiene derecho a jugar con el esfuerzo de toda una vida.
“Es inaceptable que miles de chilenos vean amenazada su tranquilidad precisamente cuando están próximos a jubilar. Aquí no bastan las explicaciones técnicas ni las excusas”, añadió.
Instando a que “las administradoras deben rendir cuentas y, si hubo negligencia, deben existir sanciones ejemplares. La seguridad de las pensiones debe estar por encima de los intereses de cualquier administradora”.
Para la diputada Carolina Cucumides, también representante del distrito 16, “cuando una persona entrega durante toda su vida laboral parte de su sueldo para financiar su futura pensión, lo mínimo que espera es que esos recursos sean administrados con responsabilidad”.
“Exigimos a la República Independiente de las AFP que, así como se dedicaron a difundir masivamente información falsa respecto de las propuestas de la anterior reforma de pensiones, expliquen al país y a sus afiliados qué riesgos asumieron, qué advertencias recibieron y por qué miles de personas deben enfrentar las consecuencias de decisiones que no tomaron”, agregó.
Sosteniendo que “Valoramos las acciones de fiscalización iniciadas por la Cámara (…) porque las AFP tienen la obligación de responder ante el país. Ya basta de permitir que las AFP actúen como si sus intereses estuvieran por encima del bienestar de las y los chilenos”.
