En O’Higgins, el alza de 33,3% en homicidios circuló sin los casos que la explican. El Seremi de Seguridad Pública la dio a conocer según el informe nacional de víctimas de homicidios consumados, para el primer semestre de 2026.
Según el Seremi, el semestre cerró con 25 víctimas, seis más que en igual período de 2025. Quince de ellas, el 60%, corresponden a crimen organizado; en universos estadísticos reducidos, pocas víctimas pueden disparar un porcentaje.
La tasa fue de 2,4 por 100.000 habitantes en el semestre: muy baja en términos comparados. Insight Crime, organización de investigación periodística, estima 17,6 para Latinoamérica y el Caribe en 2025. Aun duplicando la cifra regional (4,8), es una fracción de esa tasa.
Pero los números son pequeños y volátiles, y el miedo es grande. La encuesta de bienestar social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ubica a O’Higgins sobre el promedio nacional en los efectos de la inseguridad en la vida diaria, y el termómetro de Salud Mental ACHS-UC subió de 12,7% en mayo de 2025 a 18,5% en octubre de 2026. Ninguna cifra de homicidios alcanza a explicar ese malestar.
No se trata de negar el delito ni de desconfiar de las estadísticas: cada una de estas muertes es una tragedia. Se trata de exigir que quienes publican las cifras expliquen qué miden, qué período cubren y cuántos casos hay detrás.
Fiscalía, policías y autoridades deberían presentar sus cifras en un formato común y comparable, con los valores absolutos junto a los porcentajes. Informar así también es cuidar a la comunidad. El miedo se alimenta de la incertidumbre; la transparencia es su mejor antídoto.
